María José Guzmán

La falta de liquidez y de colaboración entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla frustró en 2012 los planes municipales, que pasaban por desbloquear grandes proyectos para la ciudad como son la autorización del segundo centro Ikea y la venta de la Gavidia. A pocos meses del ecuador del mandato, el año concluyó con la percepción ciudadana de que el gobierno municipal había pasado doce meses al ralentí, sin apenas avanzar. Las únicas puestas de largo fueron, además, de proyectos ideados en anteriores mandatos, con el sello de Alfredo Sánchez Monteseirín. Es el caso del nuevo Fibes y del muelle de Nueva York, dos novedades que el PP intentará convertir en suyas en los próximos años a base de mejoras e innovaciones en las que ya está trabajando.

La situación no es fácil y la confrontación, de la que pretenden huir ambos partidos a golpe de pactos y declaraciones de intenciones, no despeja el camino.

En lo que se refiere a proyectos capaces de generar empleo y riqueza, objetivo número uno en estos momentos, el Ayuntamiento de Sevilla sólo pudo avanzar en 2012 en un centro comercial en los terrenos del Higuerón Sur, que tardará también años en florecer, y la adjudicación de las Naves del Barranco, destinadas a un mercado gourmet. Muy poco para equilibrar otros fracasos, como el carpetazo al Caixafórum en las Atarazanas o el frustrado proyecto para construir un pabellón multiusos para la celebración del Mundial de Baloncesto, pues finalmente los inversores interesados no aterrizaron en Sevilla.

También hubo otros empresarios que desistieron del intento, como los de Decathlón, que se cansaron de las trabas impuestas para montar una nueva tienda en la Cartuja. Un caso que volvió a enredar a la administración autonómica y a la local en busca de culpables.

La necesidad de modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para dar luz verde a algunos proyectos, como éste, requería del acuerdo entre la Junta y el Ayuntamiento. Y, al margen del motivo, todavía no se ha alcanzado ese punto de encuentro.

En el caso de Ikea, se han dado ya algunos pasos, con retraso, y todo estaría pendiente de la resolución de un conflicto urbanístico: el deslinde de una cañada real que cruza los terrenos de San Nicolás. El Ayuntamiento de Sevilla debe cumplir con la legislación vigente e iniciar un proceso administrativo que, posteriormente, la Junta de Andalucía tiene que validar. Y en ese punto está enconado el asunto. Las previsiones municipalees más optimistas apuntan que la primera piedra del centro comercial no se pondrá antes del final del mandato.

Con respecto a la Gavidia, tampoco se ha conseguido avanzar en todo 2012. El gobierno local, que contempló en 2011 su venta en las cuentas municipales, siguió garantizando que hay inversores interesados en dar un uso comercial, algo que tendría que autorizar la Junta, a la antigua comisaría que revitalizaría la zona. Dentro de la batalla que dirimen ambas administraciones, el alcalde llegó incluso a vincular la puesta en marcha de un plan de ampleo a que el Gobierno andaluz cambiara finalmente de opinión y modificar ael PGOU. 

El próximo reto es conseguir poner en valor la antigua fábrica de Tabacalera. Altadis era una promesa electoral que está en la lista de propósitos para 2013.