Luis Sánchez-Moliní

La crisis no sólo se está llevando por delante a la mayoría de los presidentes europeos que se presentan a su reelección. El año 2012 fue el del relevo en los equipos rectorales de las dos universidades sevillanas en un escenario muy complicado tanto por la coyuntura general como por problemas específicos de cada una de las instituciones, que no viven sus mejores tiempos.

En la Universidad de Sevilla, tras el sorpresivo anuncio del rector Joaquín Luque de no comparecer a su reelección, en febrero se consumó el traspaso en la figura de Antonio Ramírez de Arellano, quien como vicerrector de Infraestructura había sido uno de los responsables del fiasco de la Biblioteca del Prado de Zaha Hadid, un tema cuya sola mención levanta ampollas en Hispalense.

Profundo conocedor de la política universitaria desde sus años de estudiante, este catedrático de Física se ha distinguido principalmente en su primer año como rector por dos cuestiones: dar carpetazo definitivo a la Biblioteca del Prado con el inicio de la construcción de una Biblioteca General en un solar de Eritaña, junto al Parque de María Luisa, y convertirse en uno de los referentes en Andalucía y España en la contestación a las reformas y recortes económicos del ministro popular de Educación, José Ignacio Wert. Ramírez de Arellano no ha esquivado ninguna oportunidad para atacar la política popular en materia universitaria, actitud que ha contado con la aprobación de la gran mayoría de la comunidad docente y estudiantil de la Hispalense.

Los dos grandes problemas de Ramírez de Arellano en este primer año de mandato han sido la tremenda asfixia económica que sufre la institución debido a los impagos de la Junta de Andalucía y el paro académico convocado por los estudiantes a finales del curso 2011-2012, que supuso una nueva mella en el prestigio de la institución tras la mediática crisis de los copiones. Al primer asunto ha reaccionado, además de levantando la voz, con un importante programa de ahorro y trazando la línea roja (por ahora) de mantener al completo la plantilla de la Universidad. Al segundo, anunciando una revisión de la normativa que regula el derecho a la huelga estudiantil en la Hispalense.

Por su parte, el nuevo rector de la Universidad Pablo de Olavide, Vicente Guzmán Fluja, llegó al cargo en junio tras la profunda crisis provocada por la dimisión del rector Juan Jiménez al rechazarle el claustro su informe de gestión. Tras ganar por un estrecho margen a su oponente. Luis Pérez-Prat, en unas elecciones que polarizaron a la UPO, Guzmán, catedrático de Derecho Procesal, tiene ante sí el reto de garantizar la supervivencia de esta joven y pequeña universidad (que, sin embargo, es una de las más productivas científicamente de España) en unos momentos en los que se llega a poner en cuestión su viabilidad. Al igual que la Hispalense, la Olavide también se tiene que enfrentar a un escenario de recortes económicos y de asfixia financiera, algo que se ve agravado con una gestión heredada que, en privado, descalifica en sus principales líneas.