Rafael Navas Renedo

Director de Diario de Cádiz

Es posible que una provincia que ha ido sistemáticamente tocando fondo pueda seguir cayendo? La respuesta, en el caso de Cádiz, es sí. Porque parecía difícil que 2011 superase en malas noticias relacionadas con la economía y el empleo a su año precedente, pero por desgracia así fue. Podría decirse, aunque visto lo visto habrá que ser prudente, que el ejercicio al que hace referencia este análisis demostró que existe un color aún más negro que el negro.

A los datos nos remitimos. Terminar el año con 191.740 parados, una tasa del 35,3%, no es muy normal. Sobre todo cuando un año antes nos habíamos llevado las manos a la cabeza al alcanzar otro triste récord: 179.867 desempleados o lo que es lo mismo, una tasa del 31,4%. Un período en el que los hogares gaditanos con todos sus miembros parados pasaron de 56.400 a 73.900. Y si queremos abundar en datos negativos, hay para regalar: casi mil empresas cerraron en la provincia durante ese año. Una de ellas, Cádiz Electrónica, allá por marzo, hizo revivir la pesadilla del cierre de Delphi por momentos. Propiedad de la multinacional Visteon y con una plantilla destacada por su productividad, decidía deslocalizar el negocio y salir del Tecnoparque de El Puerto. Ha sido el último cierre de una gran empresa en la provincia, pero por desgracia no fue el único del que se habló. Los problemas en el que fuera el gigante de la industria de la madera, Polanco, sumieron a sus trabajadores y a Chiclana en una profunda depresión provocada en gran parte por la caída del negocio de la construcción que tanto daño sigue haciendo a esta localidad.

Para colmo, una de las industrias que parecían llamadas a liderar la recuperación en el entorno de la Bahía de Cádiz, Navantia, entraba por primera vez en muchos años en una fase de falta de carga de trabajo y, con ello, resucitaban los fantasmas de los peores conflictos laborales vividos al calor de las protestas de los trabajadores de astilleros que tanto daño han hecho a la imagen de esta comarca. Y es que 2011 acabó sin que el Gobierno de Zapatero firmase la ejecución de los nuevos Buques de Acción Marítima (BAM) que habrían dado oxígeno unos años más a esta industria. De las industrias que iban a llegar para llenar el vacío de Delphi, nada de nada un año más, y la única que se implantó, Gadir Solar, vivió un año para olvidar sin buenas perspectivas en el mercado de las placas solares.

El proyecto del parque de Las Aletas, la tabla de salvación a la que agarrarse para el desarrollo económico de la zona, no avanzó ni en lo burocrático, ni en lo jurídico ni en lo económico, apuntando que 2012, salvo milagro, puede ser el año de su carpetazo definitivo. Tan sólo la industria aeronáutica, a través de las plantas de Airbus y Alestis en la Bahía, trajo un rayo de esperanza con sus contratos, aunque aún lejos de lo que sería necesario para convertirse en el revulsivo al empleo en la comarca. Ni siquiera la obtención del Campus de Excelencia Internacional del Mar (Ceimar) por parte de la Universidad de Cádiz, una gran noticia, devolvió el optimismo, pues pronto se supo que la financiación del mismo, 4,8 millones, estaba en el aire.

Pero lo que realmente terminó por encender todas las alarmas fue ver cómo, en medio de todo este escenario, aparecía un nuevo elemento: el uso fraudulento de las ayudas entregadas para la reindustrialización y el fomento del empleo. El responsable del Plan Bahía Competitiva, Antonio Perales, era cesado tras conocerse que un empresario gallego, Alejandro Manuel Dávila Ouviña, había sido beneficiado con ayudas para industrias que no arrancaron y que luego no devolvió. En total, 14,5 millones de euros que Industria aún no ha logrado recuperar para las arcas públicas a pesar de la detención del citado empresario a finales de año. Fue el mejor ejemplo, la constatación, de que el caudal de dinero que llegaba a la provincia no sólo no había servido para crear empleo sino que acababa en los destinos (y los bolsillos) más insospechados.

También fue el año de la confirmación del despilfarro en la gestión pública de muchos ayuntamientos que han arrastrado y arrastran impagos a sus infladas plantillas de trabajadores y a los proveedores. Las manifestaciones a las puertas de los consistorios gaditanos fueron una constante en 2011 que no se termina de despejar. Especialmente virulentas fueron las de los ayuntamientos de Jerez, Barbate y La Línea, colapsados, donde muchos empleados con meses sin cobrar  acabaron perdiendo la paciencia y los nervios.

Ni siquiera el cambio político histórico que se produjo en las elecciones municipales de mayo y las generales de noviembre, cuando la provincia se tiñó del azul del PP, consiguió cambiar esta tónica.

Con esta pésima imagen se acercaba la provincia a uno de sus años más deseados, el del Bicentenario de la Constitución de Cádiz de 1812, llamado a ser el de su recuperación en todos los sentidos. A las puertas de ese año mágico, el segundo puente sobre la Bahía de Cádiz, por el que iban a cruzarla los mandatarios iberoamericanos invitados a la Cumbre de 2012, estaba casi paralizado y sin visos de que las obras terminen antes de 2014. Y el ferrocarril de alta velocidad, con tramos entre Sevilla y Cádiz paralizados, también habría de esperar. Las campañas electorales de 2011 dejaron en evidencia a los políticos que prometían que ambas obras estarían listas para el año siguiente. Pero la provincia de Cádiz, harta de promesas en infraestructuras y en empleo, para entonces había dejado de creer en ello. La primera tarea que habrá que afrontar ahora es, ante todo, devolverle la ilusión y la autoestima después de tanto tiempo viendo las cosas en negro.