Provincias

La corrupción, en el banquillo

Encarna Maldonado

Las primeras macro investigaciones por corrupción que arrancaron a partir de 2006 en la Costa del Sol han llegado al banquillo de los acusados en 2011. Este ha sido el año de Malaya, Minutas y Troya. La sentencia por la corrupción político urbanística en Marbella previsiblemente no se conocerá hasta finales de 2012 ó 2013, pero pero los dos últimos asuntos han concluido con condenas.

La Audiencia ha impuesto en el caso Troya al alcalde de Alhaurín el Grande (PP), Juan Martín Serón, y a su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, un año de suspensión y multa de 200.000 euros por pedir un soborno de 122.000 euros a un promotor a cambio de una licencia. La Fiscalía, que retiró en el último momento la acusación contra 18 imputados más, atribuía a Martín Serón y al edil de urbanismo 14 delitos de cohecho y les reclamaba a cada uno dos millones de multa y tres años y nueve meses de suspensión.

La condena, que ha sido recurrida al Tribunal Supremo, desde el punto de vista jurídico es leve, pero desde la perspectiva política coloca sobre el regidor de Alhaurín y su concejal de urbanismo el sello de la corrupción. Más aún cuando pone el acento en que el alcalde y el concejal "jugaban" con la "confusión" de las normas urbanísticas en Alhaurín y que manejaban dinero negro de origen desconocido.

En Minutas, el abogado y presidente del Sevilla, José María del Nido, y el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz han sido condenados a siete años y medio de cárcel por desfalcar las arcas municipales con honorarios profesionales innecesarios. El tribunal subraya que el alcalde y el letrado actuaron "en concierto", movidos por un "ánimo de lucro" que podría calificarse de "codicioso o avaricioso".

Ambas sentencias se anotan como éxitos de la Fiscalía, después de que la Audiencia concluyera en marzo el caso Ballena Blanca contra el blanqueo de capitales con una condena de seis años de cárcel para el abogado de Marbella Fernando del Valle.

Esta sentencia se interpretó como un fracaso del Ministerio Público no tanto por la severidad o benevolencia de la pena, sino porque el tribunal no entendió que el letrado se ocupara de buscar vericuetos societarios para blanquear en diferentes inversiones, fundamentalmente inmobiliarias, fondos procedentes del crimen organizado internacional.

La sala únicamente entendió que había contribuido a lavar los fondos del traficante de drogas francés Sophiane Hambli, también condenado, y no de otros 13 grupos más. Por eso, 15 de los 20 acusados fueron absueltos.

Por el camino todavía quedan en trámite varios casos de corrupción más: Acinipo, que implicó la detención del ex alcalde de Ronda Antonio Marín Lara (PSOE); Astapa, en el que están implicadas un centenar de personas por corrupción en Estepona durante el mandato del socialista Antonio Barrientos, y Alcaucín, también por prácticas corruptas en el Ayuntamiento de Alcaucín bajo la presidencia de José Manuel Alba (PSOE).

Además, una docena de alcaldes de la provincia están pendientes de ser juzgados en causas abiertas por delitos contra la ordenación del territorio, mientras que otros tantos han sido condenados en los últimos tres años por autorizar edificaciones en suelo no urbanizable.

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