Raquel Rendón

El 13 de enero de 2011 se cumplían tres años de la muerte de Mari Luz Cortés. Justo un mes más tarde comenzaba en la Audiencia Provincial de Huelva el plenario por el crimen que consternó a España, no sólo por la edad de la menor (cinco años) y los 54 penosos días en que estuvo desaparecida, sino por la concatenación de errores judiciales que llevaron a que su asesino, el pederasta Santiago del Valle, campara a sus anchas por Huelva y pudiera parapetarse libremente tras las rejas de su afilada esquina de El Torrejón para abordar a la niña, en lugar de cumplir una condena previa tras los barrotes de la cárcel.

Entre medidas de seguridad sin precedentes y un espectacular despliegue mediático, arrancó uno de los juicios más complejos de la historia de Huelva. El tribunal se pronunció el 18 de marzo, condenando a Santiago del Valle a 19 años de cárcel por el asesinato de la niña y a otros tres más por abusar sexualmente de ella, incluyendo el agravante de reincidencia (22 años de pena en total). Además, prohibía al pederasta residir en Huelva y comunicarse con los familiares de la víctima durante 32 años. Su hermana, Rosa del Valle, fue considerada por los magistrados cómplice del crimen, lo que motivó una condena de nueve años de cárcel (frente a los 17 que le pedía la Fiscalía como coautora) y se le sometió a un destierro de 19 años.

La Sección Tercera estimó probado que el pederasta atrajo la atención de Mari Luz con un oso de peluche cuando volvía de comprar chucherías en un quiosco de la Avenida de las Flores de Huelva. Lo hizo para obtener placer sexual. La Audiencia reseñó en la sentencia que las contusiones que presentaba la cría en la muñeca derecha y en el costado izquierdo atienden a su intento frustrado de huir del portal en que habitaba su verdugo, mientras que otra lesión en el cráneo la sumió en un estado de inconsciencia. Luego, Santiago metió a la niña en un carrito de la compra, pidió ayuda a su hermana y la trasladaron en coche hasta el Estero del Rincón. La menor vivía cuando fue arrojada al agua. Allí, sin poder defenderse, perdió la vida.

La mujer del pederasta, Isabel García, se libró del castigo. Después de culpar a su marido en un programa de televisión del asesinato de Mari Luz, fue imputada por omisión del deber de impedir delito. En noviembre, el juez archivó la causa. Santiago y Rosa del Valle, por su parte, decidieron recurrir la sentencia ante el Supremo, todo un mazazo para la familia Cortés que se transformó en alivio el 29 de noviembre, cuando el Alto Tribunal ratificó el veredicto de la Audiencia onubense y subrayó en el fallo que las condenas para ambos debieron ser más elevadas: considera que Santiago es responsable de abusos sexuales con violencia, lo que acarrea una pena de entre cinco y diez años (y no tres), y que su hermana fue cooperadora necesaria (entre 15 y 20 años). No obstante, el Alto Tribunal no puede corregir las penas al alza.

La capital onubense todavía estaba consternada por el caso Mari Luz cuando recibió otro golpe bajo: la desaparición de los hermanos Ruth y José Bretón en Córdoba el pasado 8 de octubre. Y la ciudadanía regresó a la calle para apoyar a la familia materna de los niños, cada jueves, en la Plaza de Las Monjas, a la espera de que aparezcan cuanto antes y lo hagan con vida.

El año acabó con un escándalo mayúsculo en la prisión provincial: el 19 de diciembre la entonces secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, alegaba "pérdida de confianza" para destituir al director de la cárcel de Huelva, Francisco Sanz, involucrado en una presunta trama corrupta que otorgaba privilegios de diversa índole a los reclusos a cambio de dinero y coches, una investigación que también apunta a otros altos cargos de la penitenciaría por su supuesta relación con narcotraficantes como Anselmo Sevillano y Sito Miñaco. La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación paralela a la de Instituciones Penitenciarias.