La celebración de la Junta General de accionistas que nada cambió el puesto de mando del Betis enfrió las esas múltiples reuniones entre los actores principales de esta maraña judicial que rodea al club. Ahora, a poco más de dos meses para que se inicie el proceso penal contra Manuel Ruiz de Lopera, previsto para el 18 de abril, las partes vuelven a tomar posiciones de cara a posibles conversaciones en un nuevo escenario.

Ayer, la Fiscalía de Sevilla, como informó este periódico en su edición digital, solicitó una condena de cinco años de cárcel para el ex consejero Luis Oliver, al que acusa de un delito de apropiación indebida continuado de un millón de euros en el conocido como "caso saqueo". Además, también solicitó penas de cuatro años de prisión para el ex presidente José León y de nueve meses para Jaime Rodríguez-Sacristán. La acusación pública reclama otros dos años para los acusados José María Gálvez y Miguel Ángel Mayayo; un año y seis meses de prisión para Plácido Nicanor Robla; y un año de prisión para Isabel Escrig Juan.

A nadie sorprendió ayer esta acusación, pero sí coloca a Oliver en un nuevo prisma de cara a negociar su posición en todo este asunto, con ese contrato de compra del paquete accionarial de Farusa que lo podría dejar como máximo accionista de la entidad, siempre y cuando así lo ratifique el juzgado donde se dilucida la validez de la misma.

Durante el pasado mes de diciembre, dirigentes béticos ya negociaron con Oliver este asunto mientras se decidía su inscripción en el Libro de Accionistas de la entidad, algo que finalmente no sucedió al no llegarse a un acuerdo que hubiera implicado también el trato de esta demanda con la que ayer lo acusó la Fiscalía. Ese acuerdo con Oliver sería un paso más de cara a un intento más de negociación con Lopera antes del comienzo del juicio penal, por más que todas las partes no hayan tenido nuevos contactos tras la ruptura de las conversaciones de finales del pasado año.

En el escrito de conclusiones provisionales remitido al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla -la causa se abrió cuando la titular era Mercedes Alaya-, el Ministerio Público relata la intervención de Oliver en asuntos como los traspasos de los jugadores Mehmet Aurelio y Sergio García, así como otras operaciones que supuestamente habrían perjudicado a la entidad verdiblanca.

La Fiscalía pide en concreto cinco años de cárcel para Luis Oliver y el pago de una multa de 6.000 euros, así como que indemnice al Betis con 1.090.750 euros, aunque señala igualmente que parte de estas cantidades deberán abonarse conjuntamente por los otros seis acusados. El escrito de la Fiscalía señala que Oliver actuó como "administrador de hecho" del Betis, y en ese cometido y "con ánimo de obtener un beneficio" realizó los hechos que se le atribuyen.

El primero de ellos guarda relación con el traslado de Mehmet Aurelio al Besiktas, donde Oliver, "con la connivencia" del entonces presidente de la entidad, José León, "hizo aparecer como el intermediario de la operación" a la empresa Bastogne Corporación, cuyo administrador era el acusado José María Gálvez, quien se había puesto también de acuerdo con el acusado José Ángel Mayayo para que a cambio de 110.000 euros, permitiera que Mayayo actuara como administrador de hecho de la sociedad. Bastogne presentó al Betis el 31 de agosto de 2010 una factura de 345.000 euros en concepto de "mediación" en dicho traspaso.

La Fiscalía también acusa a Oliver en relación con el traspaso de Sergio García al Espanyol, en el que pese a la "falta de verdadera intermediación de personal ajeno" al Betis, Oliver con la "connivencia" de José León, quien "sabía la prácticamente inexistente mediación", se puso de acuerdo con Plácido Nicanor para que éste presentase una factura por su intervención de 590.000 euros, que fue abonada por el Betis con un pagaré el 26 de agosto de 2010. Tras recibir 110.000 euros como pago por sus servicios, Bastogne Corporación transfirió el resto del dinero a cuentas de Oliver y de Mayayo.La Fiscalía también imputa a Oliver la contratación de la empresa Orión Consultoría y Gestión, cuya administradora era Isabel Escrig Juan, para la prestación de servicios de gestión y asesoramiento por el que el Betis pagaría 41.300 euros mensuales, llegando a percibir 146.200 euros hasta diciembre de 2010, "sin que los servicios prestados justificasen tan alta remuneración, pues las costas laborales de dicha prestación de servicio más gastos sólo ascienden a 52.566 euros en total".

Otros asuntos que la Fiscalía atribuye a Oliver son la realización de una due diligence a la empresa auditora Deleytax y "para ahorrarse el pago que debía hacer frente Bitton Sport y no el Betis", consiguió que José León autorizara el pago de 35.000 euros que correspondía a la factura de 13 de julio de 2010 presentada por Deleytax.

Por último, el Ministerio Público explica que Oliver, a través de testaferros, controlaba al mercantil Lucerna Technology S.L., empresa con la que el Betis firmó un contrato de mantenimiento de las instalaciones por el que pagaba 5.280 euros al mes, "a sabiendas de que Lucerna Technology no iba a realizar función alguna". Así, el Betis pagó por servicios no prestados un total de 27.614 euros, "suma de la que se aprovechó el acusado Oliver", apostilló el fiscal.