La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, ha afirmado este jueves que la Ley de Dependencia no necesita de la creación de un fondo extraordinario para su financiación, ya que entre el Estado y las Comunidades Autónomas se puede conseguir su sostenibilidad.

Hay que dar tiempo a que la Ley de Dependencia, puesta en marcha hace tres años, se "desarrolle suficientemente" para comprobar si su financiación es la adecuada para su consolidación, ha respondido Jiménez en el Congreso a la inquietud expresada por los diversos grupos parlamentarios.

Durante su intervención en la Comisión de Sanidad y Política Social en la Cámara Baja, la ministra se ha mostrado abierta a "buscar un instrumento que dé estabilidad" si fuera necesario, pero ha destacado que hasta el momento se ha conseguido mucho y que no reconocerlo sólo crea "incertidumbre" en las personas que se han acogido a estos servicios.

Ha reconocido que una de sus "preocupaciones permanentes" es la consolidación de esta ley, pero ha considerado que se está "en la buena dirección" de cara al plazo impuesto para 2015.

Además, ha recordado que el artículo 33 de la Ley de Dependencia prevé la participación financiera de los beneficiarios de las prestaciones, según el tipo y coste del servicio y su capacidad económica personal.

Trinidad Jiménez ha explicado que en 2007 y 2008 el Gobierno destinó más de 1.271 millones de euros a la Dependencia, en 2009 se llegó a 2.050 millones de euros, incluyendo los 400 millones del Plan E, y para 2010 se han destinado 1.671,2 millones de euros.

A 1 de febrero, más de medio millón de personas (505.098) perciben las prestaciones reconocidas por la Ley de Dependencia -ha informado la ministra-, y el número de prestaciones es ligeramente superior (583.470), ya que un mismo beneficiario puede tener más de una prestación.

La prestación económica para cuidados en el entorno familiar representa casi el 50% del total, los servicios de atención residencial el 17,5% y la ayuda a domicilio el 10,8%.

Las solicitudes de reconocimiento de la situación de dependencia son en estos momentos de 1.164.960, de las que el 90% ya han sido valorados y tienen el dictámen técnico; la mayoría son de mujeres (67%) y el 70% supera los 65 años.

Respecto a los cuidadores no profesionales, en enero de 2010 había más de 100.000 personas suscritas, siendo el 98% mujeres y casi la mitad menores de 50 años.

Además de sobre la financiación, el PP ha preguntado a la ministra sobre el número de residencias que todavía hacen falta y el por qué no se cumplían las expectativas sobre la creación de empleo que estaba previsto con la aprobación de esta ley.

Por su parte, CiU ha advertido de que algunas empresas del sector de la Dependencia en Cataluña se han retraído o han cerrado, y que por cada euro que recibe la Generalidat, ésta debe poner 2,5 más para garantizar los servicios.

Además, CiU ha solicitado la creación de una subcomisión en el Congreso para que valore la relación entre empleo y dependencia tras la puesta en marcha de esta ley.

El Grupo Mixto, GRC-IU-ICV y el PNV han coincidido en señalar que sigue habiendo quejas sobre implementación de la Ley de Dependencia y han afirmado que el gasto que genera este derecho es muy superior para las comunidades autónomas que para el Estado.

La ministra ha reconocido que falta por mejorar el procedimiento de la valoración de la dependencia, la calidad de las prestaciones y agilizar y simplificar los procedimiento administrativos.