Para el personal sanitario, vacunarse contra la gripe es una obligación científica y ética que debería cumplir, en palabras del experto Juan José Picazo, "para protegerse, para proteger a los demás y por ejemplaridad". Primero, por eficacia: un 80% de cobertura cortaría prácticamente la cadena de transmisión en el ámbito de la salud y sociosanitario. Segundo, para salvar vidas: por cada ocho profesionales vacunados, se prevendría una muerte en residencias de mayores. Y tercero, por coherencia deontológica: "El paciente está en el centro, y sus derechos son lo primero", remacha Máximo González Jurado, presidente del Consejo General de Enfermería (CGE).

Picazo, presidente de la Sociedad Española de Quimioterapia (SEQ), ha coordinado un amplio Consenso sobre la vacunación frente a la gripe en el personal sanitario, que firman el CGE y 19 sociedades científicas y asociaciones profesionales y que se apoya en un lema que deja claro el sentido de sus recomendaciones: Por ti, por todos. Pon barreras a la gripe.

De hecho, algunas organizaciones piden incluso la obligatoriedad de la vacuna en ese colectivo asistencial, aunque la postura consensuada insiste en que "primero tenemos que convencer con evidencia científica". Las opiniones oscilan entre el "reto de informar para convencer" de la presidenta de la Asociación Nacional de Medicina del Trabajo en el Ámbito Sanitario, Piedad del Amo, que cita "experiencias no positivas de obligatoriedad" por el descenso de cobertura cuando cesa, y el sí a la obligatoriedad de González Jurado, que echó en falta valentía política para incluirla en la Ley de Salud Pública y cuya referencia es el Código Deontológico del CGE que considera falta muy grave no vacunarse. "El paciente tiene derecho a exigirlo y, llegado el caso, a denunciarlo", señala tras apostillar que "no creo en el voluntarismo", porque "seguimos en cifras de hace 25 años".

Desde el ámbito del paciente, la presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Respiratorias (Fenaer), María Victoria Palomares, aboga por unas "consultas libres de contagio" en las que "el personal sanitario que nos atiende esté vacunado". A su juicio, es "un acto de irresponsabilidad y falta de ética que no prediquen con el ejemplo", sobre todo en pacientes con problemas respiratorios para quienes la gripe acarrea síntomas más graves y tiene peor pronóstico.

Los grupos de riesgo incluyen a personas mayores, niños de menos de 2 años, pacientes crónicos, inmunodeprimidos y embarazadas. Y en casos graves como los de la gripe A del virus H1N1 en la pandemia de 2009, los ingresos en unidades de cuidados intensivos llegaron a registrar un 20%-30% de mortalidad.

Aunque el problema no es solamente español, la tarea pendiente es enorme, ya que la cobertura de vacunación antigripal del personal sanitario apenas alcanza el 25%, lejísimos del deseable 80% (Estados Unidos se ha marcado un 90% para 2020) que permitiría casi parar la gripe. Y eso partiendo de cifras que Del Amo califica de "realmente optimistas" (hay hospitales que no pasan del 12%-13%) y que, además, registran una distribución irregular. Picazo recuerda que "los médicos se vacunan 4-6 veces más que los profesionales de enfermería", aunque eso no llevaría la tasa de los primeros más allá del 30%. Y también lo hace en mayor medida el personal sanitario más veterano y experimentado, por encima de los 40 años y 20 de antigüedad laboral; quienes se vacunaron el año anterior tienen más probabilidades de repetir.