Martí Parellada

Instituto de Economía de Barcelona Universidad de Barcelona

La situación de la economía española y la necesidad de proceder a una reducción del déficit del sector público se expresó de la manera más contundente posible en la reunión del 9 de mayo del año pasado, donde los ministros del ECOFIN (Consejo de Asuntos Económicos y Financieros) aprobaron la creación de un fondo para hacer frente a los problemas de liquidez de los países europeos e impusieron a aquellos países con mayores problemas para financiar sus déficits, un severo ajuste fiscal. Grecia fue el detonante de dicha situación pero otras economías, y entre ellas la española, no han escapado a este proceso. Las medidas anunciadas por el presidente del gobierno el 12 de mayo pasado, y las que se han ido tomando en esta dirección, son un buen reflejo de este proceso de ajuste.

Esta situación, y la que se deriva del hecho de que la financiación de la sanidad de las CCAA a partir del 2002 ha dejado de ser tratada de manera singular a integrarse en el sistema general de financiación autonómica, ha provocado que los problemas presupuestarios de las CCAA, que son las que gestionan el gasto sanitario de España, repercutan en su principal partida de gasto que, sin lugar a dudas, es el sanitario. A lo largo del año 2010 se han recrudecido los esfuerzos para contener el gasto sanitario a través de medidas de carácter general, como la reducción de los salarios de los profesionales del sector y, específicas, entre las que destacan, la reducción de las transferencias a los centros concertados o la reducción del gasto farmacéutico.

El debate sobre la sostenibilidad del gasto sanitario adquiría, por las razones mencionadas, un relieve especial y urgente en todas las administraciones responsables, de manera que se ha hecho imprescindible la necesidad de introducir las reformas necesarias en el modelo sanitario que permitan que sus características principales: universalidad y equidad, a las que nadie plantea renunciar, puedan seguir ofreciéndose al conjunto de los ciudadanos. Más allá de los problemas actuales de las finanzas de las administraciones públicas españolas, el hecho es que el gasto sanitario, público y privado, tanto en relación con el PIB como con la población no ha hecho más que aumentar en estos últimos años. Además, el impacto de la crisis ha acentuado dicho crecimiento.

En España el porcentaje de gasto sanitario en relación con el PIB ha pasado del 8,4 por ciento en el año 2007 al 9 por ciento en el 2008. Dicho crecimiento, generalizado en todos los países europeos, convive, en el caso de España, con un porcentaje del gasto sanitario respecto al PIB que es inferior al del conjunto de la OCDE y al de la UE15, y que lo es particularmente en el gasto público sanitario, mientras que el gasto privado es superior al de la UE15. De esta manera, también hay coincidencia en afirmar que el sistema sanitario español presenta unos resultados más que satisfactorios, comparado con el resto de países europeos. Constatada entonces la progresión del gasto sanitario, y atendiendo a las dificultades en las que se mueven las economías europeas, y, en particular, la española, la actuación de los responsables gubernamentales ha tendido, por un lado, a desarrollar medidas que reduzcan el gasto sanitario o a priorizarlo frente a otras alternativas presupuestarias o, en determinados casos, a aumentar los recursos públicos destinados a este fin. Alternativamente, financiar el gasto sanitario sin afectar las condiciones en las que se presta dicho servicio y sin aumentar los impuestos requiere de una decidida voluntad para aumentar la eficiencia y la productividad del sistema de salud. Sin duda, la urgencia que exhibe la situación de las cuentas públicas es un argumento sólido para justificar medidas como las aplicadas el año 2010, pero tan o más importante que esto es mejorar la eficiencia del sistema con los recursos actuales, o mejorar su dotación cuando las circunstancias lo permitan y la voluntad política mayoritaria así lo decida.

En este sentido, es crucial recordar que las medidas vinculadas al recorte del gasto farmacéutico han mostrado, sin duda, efectos a corto plazo, pero dichos efectos lo han sido siempre de corta duración. Y también es conveniente recordar que el sector sanitario tiene una importancia más que considerable en la economía, y que alguno de los subsectores que lo integran, como el sector farmacéutico, es uno de las más relevantes en la generación de I+D en la economía española. De esta manera, sin negar la relevancia de la necesidad de recortar el déficit público en los plazos convenidos, no hay que olvidar que algunas de estas medidas pueden tener efectos colaterales negativos para la competitividad del conjunto de la economía española. Reincidiendo en la necesidad de mejorar la eficiencia del sistema, hay coincidencia en afirmar que a pesar de los buenos resultados que está ofreciendo, hay claramente un recorrido para mejorarla. Diversos informes realizados ponen el acento en medidas como la introducción de un ticket moderador, la reformulación del copago existente en los medicamentos, la identificación de indicadores de eficiencia que permitan mejorar la actividad de los proveedores de servicios sanitarios, la extensión de modelos organizativos con una mayor implicación de los profesionales sanitarios en su gestión, la reorganización de la oferta de los proveedores de servicios sanitarios (hospitales, centros de atención primaria...), de manera que se adecue mejor a las posibilidades del sistema, la evaluación de la eficiencia de las tecnologías sanitarias y el establecimiento de metodologías para determinar su prescripción y mejorar la productividad de los recursos humanos implicados en el sistema. Éstas son algunas de las medidas que se han propuesto. Son, sin duda, medidas complejas, tanto por su diseño como por el grado de concertación que requieren, con efectos, además, que no se puede esperar que sean a corto plazo, pero que darán más garantías para mantener las características esenciales de nuestro sistema sanitario. En esta dirección también hay que trabajar.