Varias decenas de abogados del turno de oficio penitenciario, ataviados con sus togas, se han manifestado frente a la Consejería de Justicia en Sevilla para protestar por el "desmantelamiento" de un servicio del que se benefician 16.000 presos en las cárceles andaluzas.

Los concentrados portaban pancartas en las que se leía sin asesor ni dinero, todo el mundo prisionero y Contra la indefensión en prisión y ha entregado una petición de entrevista con el consejero, Emilio de Llera, a la jefa de su Secretaría.

El Servicio de Orientación y Atención Penitenciaria (SOAJP) comenzó oficialmente en el 2001, ya que con anterioridad se prestaba de manera voluntaria por un grupo de letrados, y en el 2008 se produjo una modificación en cuanto a las instituciones implicadas con la firma un convenio tripartito entre la Consejería de Justicia, el Ministerio del Interior y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados.

No obstante, está pendiente de firmar una "addenda" que, al no haber sido suscrita en el año 2012, llevó a la Consejería de Justicia a suspender el servicio.

Los concentrados han lamentado, en un comunicado, que "la respuesta recibida de la Administración andaluza ha sido un tajante no, sin argumentos ni razones, un no rotundo bajo el que se vislumbra una voluntad de desmantelar este importante servicio público dirigido a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad".

Se trata de "un no tras el que se adivina la intención de nuestros políticos de seguir mermando el Estado de Derecho, ahora que ya han logrado derrumbar el de Bienestar".

Por su parte, el consejero Emilio de Llera ha asegurado a través de otro comunicado que la voluntad del Gobierno andaluz es restablecer el servicio, aunque no será posible "sin que el Ministerio del Interior lo autorice mediante la firma de ampliación de un convenio enviado por la Junta de Andalucía al Gobierno del Estado".

Según De Llera, el Ejecutivo autonómico considera que el servicio de orientación y asistencia jurídica penitenciaria "siempre ha ofrecido resultados positivos y se ha convertido en un elemento muy importante para la población reclusa", por lo que ha puesto de relieve la importancia de que el Ministerio del Interior firme dicho anexo de convenio para "desbloquear el conflicto y dar continuidad a este servicio".