La juez que investiga la venta de Mercasevilla, Mercedes Alaya, mantiene la declaración de siete testigos para el martes pese a que aún no se ha resuelto el recurso del fiscal pidiendo la nulidad de todo lo actuado desde diciembre y la retroacción de las actuaciones. La juez dictó el 20 de diciembre pasado un auto por el que finalizó la instrucción y abrió procedimiento abreviado contra 16 personas, entre ellas el ex primer teniente de alcalde de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos (IU), pero posteriormente decidió citar para el 8 de abril a siete testigos entre funcionarios de la Gerencia de Urbanismo y abogados que intervinieron en el proceso de venta de los terrenos.

La juez ha citado a cuatro funcionarios del servicio de Licencias que intervinieron en la primera ocupación otorgada a la inmobiliaria Sanma en los terrenos de la lonja; al jefe del área y a dos abogados que intercambiaron comunicaciones sobre las condiciones en las que la se produciría la venta. Las comparecencias se producirán pese a que aún no se ha resuelto el recurso de la Fiscalía, quien alegó que con posterioridad al dictado del auto de procedimiento abreviado la juez acordó incorporar a la causa los escritos de varios abogados, con su consiguiente documentación, por lo que "se observa con meridiana claridad que se ha privado a esta parte de su posible examen y valoración".

En su recurso, al que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía entiende que ese defecto "es motivo suficiente de nulidad de todo lo actuado con posterioridad" al dictado de ese auto. A efectos de nulidad, el fiscal añade que una vez dictado el auto de procedimiento abreviado, "no es procedente que la magistrada, tomando como base escritos de fechas anteriores, ordene de oficio la práctica de nuevas diligencias de prueba", ya que tal auto finalizó la fase de instrucción y abrió la fase intermedia. Alaya ordenó "de manera intempestiva" esas nuevas diligencias, que "se hallan viciadas desde el momento en que se desconocía la existencia de esos escritos".