La juez Mercedes Alaya ha confirmado otras ocho fianzas de responsabilidad civil que ascienden en conjunto a más de 509.000 euros y que fueron impuestas a otros tantos imputados en la denominada operación Enredadera, la tercera fase de la Madeja que la juez llevó a cabo en noviembre de 2014 contra el pago de comisiones a cambio de favores en la adjudicación de contratos públicos.

Una de las fianzas que Alaya ha confirmado es la que se fijó, por importe de 98.800 euros para el funcionario de la Diputación de Sevilla Francisco Javier Heredero López, quien según la instructora, se habría puesto de común acuerdo con el también imputado Elías Oliver, antiguo ingeniero jefe del Servicio de Infraestructura de la Diputación, para recibir de Fitonovo pagos de comisiones comunes para facilitar a esta contratista la adjudicación y/o ejecución de contratos. Alaya cita entre estos contratos la obra de alcantarillado del Parque de María Luisa en la que ambos ingenieros participaron y dice que habrían recibido "a compartir" al menos 25.400 euros desde 2006 a 2011. Además, en el año 2007, Francisco Javier Heredero habría percibido de Fitonovo otros 12.000 euros.

Alaya concluye que la fianza impuesta a este funcionario de la Diputación es "proporcional a la conducta imputada" y además es "necesaria ante la extensión y complejidad de la causa", y recuerda que esta medida cautelar real viene a garantizar las "responsabilidades pecuniarias que pudiera derivarse de una futura condena, ante la posibilidad de que el imputado pueda colocarse en una situación de insolvencia, todo lo cual conecta con la idea de moderación y equilibrio" que establece la Constitución en relación al principio de proporcionalidad.

De otro lado, la juez ha ratificado la fianza civil de 13.383,92 euros a Juan Carlos Martínez Cantón, que trabajó en 2009 como técnico de infraestructuras y vías en el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), en la jefatura de mantenimiento de Linares-Baeza. Según Alaya, este imputado habría recibido un pago y diversos regalos por importe total de 3.095,98 euros, a cambio de "favorecer la ejecución de los contratos de Fitonovo", algo que según la magistrada queda acreditado en los archivos de la Caja B que durante los últimos meses han sido analizados de forma exhaustiva por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La magistrada también ha rechazado el recurso de reforma que presentó la defensa de Francisco Daniel González Martínez, al que se impuso una fianza civil de 164.000 euros tras su imputación en la Enredadera. La juez señala que este imputado habría estado recibiendo comisiones desde el año 2006 a 2012 de Fitonovo para favorecer a esta entidad para que le fueran adjudicados como subcontratista determinados contratos en los que figuraba como contratista principal Señalizaciones Villar. Dentro de la cantidad que Fitonovo facturaba a esta empresa se incluía una partida destinada a este imputado y que sería la "contraprestación por subcontratar los trabajos con Fitonovo".

En otros dos autos, la juez ha confirmado las fianzas de 40.000 y 54.666 euros impuestas a Francisco de Borja Romero Cervilla, administrador de Combustibles El Salado, y a Francisco Javier González Espejo, gerente de la empresa Conversa. Dice Alaya que el primero realizó "facturas falsas" entre 2010 y 2012 para "alimentar la Caja B de Fitonovo, de donde salía el pago de los diferentes cohechos". En el caso del segundo, Alaya cree que Conversa acudió a los diferentes expedientes de contratación "siguiendo las órdenes de los responsables de Fitonovo".

Una cámara de vídeo, una noche de hotel y caviar para un funcionario

Una de las fianzas que ha confirmado la juez Alaya es la del funcionario de Fomento en Jaén Luis Miguel González Palacios, quien habría recibido dádivas por importe de 2.609,92 euros, entre las que se incluyen un cámara de vídeo, el pago de una noche de hotel en Madrid y el envío de caviar -valorado en 115 euros- en la Navidad de 2008. La magistrada ha confirmado la fianza de responsabilidad civil de 10.439,68 euros que le impuso en noviembre pasado a este funcionario en un auto en el que desestima el recurso presentado por su defensa. El abogado del funcionario había alegado que no existía prueba alguna "suficiente" que determine la responsabilidad criminal que se le imputaba y que justificaría la adopción de las medidas cautelares. En cambio, Alaya sostiene que resulta "claro" que la conducta de Luis Miguel González Palacios reviste la apariencia de "antijuricidad" por su participación en los hechos delictivos, ya que este imputado recibió de Fitonovo una cámara de vídeo, valorada en 1.499 euros, que "pidió a cambio de favorecer a la empresa en la ejecución de los trabajos contratados", indicando el propio técnico que su precio lo pagarían "incrementándole el importe de la próxima factura de obras que Fitonovo tenía que pasarle al Ministerio de Fomento en Jaén, todo ello en detrimento de las arcas públicas".

Una fianza de 96.000 euros al consejero del Cabildo de Lanzarote

La instructora de la operación Madeja también ha desestimado el recurso del consejero de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote Sergio Machín de León contra la fianza civil de 96.000 euros que se le impuso la magistrada tras su imputación en este sumario. En un nuevo auto, Alaya ratifica los indicios contra este imputado, que consisten en haber recibido supuestamente de Fitonovo "determinadas dádivas o comisiones por la adjudicación de contratos", unas comisiones cuyos pagos quedarían acreditados por la contabilidad B de la empresa contratista, "con los correspondientes cheques emitidos y los recibos de la Caja B". Alaya considera que de los hechos imputados se desprende la "apariencia de antijuricidad" para adoptar la medida cautelar.