Un juzgado de Sevilla ha archivado la causa abierta contra el ex gerente de la empresa municipal Sevilla Global, a quien sus actuales dirigentes acusaron de un delito de administración desleal que le ha costado presuntamente 574.000 euros.

El juzgado de instrucción 15, dice que no puede aplicarse a José Ramírez el delito que se le imputa porque "es imposible considerar que la sociedad Sevilla Global sea una sociedad a los efectos prevenidos" en la ley.

La empresa acusó a Ramírez de haber modificado, poco antes de su cese, la situación de 34 trabajadores que pasaron a ser indefinidos y de otros 18 que vieron elevada su categoría laboral.

Sevilla Global "aun contando con la forma mercantil de sociedad anónima, ni participa en el mercado ni constituye siquiera una sociedad mercantil, toda vez que su actividad no va guiada por el ánimo de enriquecimiento sino a fines meramente administrativos cifrados en acciones de fomento, como revelan sus estatutos", dice el auto.

"La jurisprudencia ha considerado como elemento definitorio del concepto penal de sociedad la participación de la misma en el mercado de modo permanente", dice el auto para explicar que en este caso se trata de un delito "imposible".

El letrado del ex gerente, Jon Ander Sánchez, ha dicho que este archivo "cierra el capítulo de la persecución política de Ramírez, decidida y ejecutada" por el saliente primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos y el delegado de Economía Carlos Vázquez.

"Como dijimos desde un principio, esta querella jurídicamente no tenía ni pies ni cabeza, esta venganza de Torrijos y Vázquez contra Ramírez era absurda y lo que más lamento es que le ha costado el dinero inútilmente a los sevillanos", ha añadido.

En la causa penal declararon en los últimos meses varios trabajadores como testigos y el alcalde saliente de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, quien manifestó a la juez que preside Sevilla Global igual que numerosas otras empresas municipales y negó haber sido informado del cambio laboral de los trabajadores.

El imputado compareció ante la juez en noviembre de 2010 y dijo que no presentó el cambio de contratos al Consejo de Administración de la empresa porque se lo pidió expresamente el alcalde y dado que en él se iba a formalizar su propio cese.

La querella de Sevilla Global, una empresa de desarrollo urbano, reclamó al ex directivo 574.000 euros por los presuntos daños causados.

Así las cosas, Sevilla Global ha decidido recurrir dicho archivo. Fuentes municipales han señalado que el Consistorio "no comparte el contenido" del auto, que considera "imposible" la comisión de un delito de administración desleal en el seno de la entidad, razón por la cual Sevilla Global se ha atenido a la posibilidad incluida en la propia resolución y ha presentado recursos de reforma y apelación.