El Ayuntamiento de Sevilla ha limitado el saldo de los teléfonos móviles corporativos ante la cuantía desmesurada de las facturas por este concepto que estaba pagando el gobierno local en los últimos meses. La mayoría de los móviles de la corporación y de los trabajadores municipales han sido restringidos, salvo algunas excepciones entre las que figura el teléfono del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, según informaron ayer a este periódico fuentes del ejecutivo local.

La decisión de limitar el gasto en telefonía móvil se produce después de que el Ayuntamiento tuviera que autorizar un gasto extra ordinario de 161.412,30 euros para poder pagar las facturas del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2007, según aparece en la liquidación del contrato con Orange -vigente entre los años 2003 y 2007- antes del cambio a Vodafone. Esto supone que cada mes el Consistorio paga alrededor de 20.000 euros más de los previstos por telefonía móvil en los presupuestos del año pasado. La factura mensual del Ayuntamiento por este concepto viene a rondar los 150.000 euros.

El tremendo gasto que esto supone a las arcas municipales ha llevado al gobierno a limitar el consumo de la mayoría del millar de teléfonos móviles que dependen del Ayuntamiento. Esta limitación se ha hecho por escalas. Los concejales son los que más crédito tienen mientras que en los diferentes servicios que dependen del Consistorio se ha ido diferenciando la restricción por grados. Por ejemplo, en la Policía Local y en los Bomberos los mandos cuentan con más dinero en sus teléfonos que los agentes sin graduación que tienen acceso a estos aparatos. En el caso concreto de los escoltas de la corporación, el Ayuntamiento ha limitado el saldo a 20 euros.

Hasta ahora podían realizar llamadas con total libertad todos los concejales, los directores de área y de los grupos políticos, el personal del gabinete de prensa, los jefes de servicios, el personal de confianza, los policías locales con rango de jefes, oficiales y escoltas, los responsables del servicio de mantenimiento, los conductores del alcalde y los directores de los parques. Todas estas personas podían hacer cualquier llamada nacional sin limitación alguna. Incluso podían realizar llamadas internacionales en el caso de que se encontraran fuera de España en viaje institucional.

Con la decisión tomada recientemente la situación cambia por completo. Sólo un grupo reducido de personas tienen total libertad para llamar. La iniciativa depende políticamente del concejal socialista Joaquín Díaz, que preside la Delegación de Conservación de Edificios Municipales, en la que está incluido el gasto en telefonía móvil del Ayuntamiento.

Mientras que la medida ha sido bien vista por muchas de las personas que forman parte del Consistorio, otros ya han expresado sus quejas. Es el caso de algunos agentes de la Policía Local que han visto cómo la iniciativa afecta de lleno a su trabajo. Quizás los más perjudicados sean los miembros del Grupo Giralda, especializado en la vigilancia del centro. Estos agentes visten de paisano y utilizaban los móviles para poder comunicarse entre ellos y con los comerciantes que pudieran sufrir algún robo. La limitación obliga a los policías a llevar consigo las emisoras, con lo que se pierde el efecto sorpresa que se intentaba conseguir vistiendo de paisano.

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