El Ayuntamiento de Sevilla y los trabajadores de Isla Mágica han hecho un frente común para presionar a la Junta de Andalucía para que fije el canon anual que deberá abonar el nuevo propietario del parque -cuyo nombre no se conocerá hasta que no se convoque y se falle el concurso público- y que el mismo no sea muy elevado para garantizar el futuro del complejo.

Según el acuerdo alcanzado entre los hasta ahora accionistas del parque temático y la Administración autonómica -que han resuelto recientemente el contrato de explotación del complejo-, el canon anual bajará de los 800.000 euros actuales a en torno a 265.000, pero sólo durante los cinco primeros años. La duda es qué pasará a partir del sexto año, incertidumbre que desaparecerá cuando la Junta publique el pliego de condiciones del concurso y que preocupa a los trabajadores del parque por un claro motivo: "Si el canon es muy elevado, es probable que el concurso quede desierto porque lo oferta no será atractiva desde el principio. Y si no queda desierto, el nuevo propietario puede verse obligado a mermar las inversiones anuales que deben ejecutarse en el parque [para actualizar la oferta de ocio]", según avanzó ayer el presidente del comité de empresa de Isla Mágica, Joaquín Jiménez (CCOO). Y es que el portavoz de los trabajadores teme que a partir del sexto año, "el metro cuadrado se pague a precios de mercado".

El portavoz del gobierno municipal, Emilio Carrillo (PSOE), que presidió el acto junto con el primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos (IU), manifestó que el Consistorio ha trasladado también a la Junta tal inquietud. A su juicio, lo más idóneo sería que se fijase "un precio conocido" o que, en su defecto, se informara del ratio que se emplearía para su actualización, si el IPC o cualquier otro. "De esta forma, la empresa tendría un escenario financiero claro", apuntó Carrillo, quien aclaró, no obstante, que "la Junta lo ha entendido".

El también concejal de Urbanismo recordó que la nueva edificabilidad lucrativa que contempla el PGOU en los terrenos de Isla Mágica, 55.000 metros cuadrados, se estableció para beneficiar al parque y "no para aumentar el erario del propietario del complejo, la Junta y Agesa".

En caso de que el concurso quede desierto o, simplemente, porque se considera que el proyecto no es adecuado, la resolución del contrato pactado quedaría sin efecto y se volvería a la situación anterior. Esto es, Cajasol seguiría siendo el principal accionista. Ante tal situación, el presidente del comité de empresa fue claro. "No queremos que Cajasol se quede ni que se vaya, lo que pedimos es que se mantenga el empleo y que quien se quede al frente del parque crea en el proyecto. Si Cajasol ve Isla Mágica como un negocio, pues nos gustaría seguir de la mano de la caja de ahorros; en caso contrato, preferiríamos confiar en otro accionista". Al gobierno local le gustaría seguir manteniendo su participación en el accionariado (del 0,97 por ciento), "ya que se sigue mejor la evolución del parque si se forma parte del consejo", dijo Carrillo.