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El Ayuntamiento lanza el guante de las viviendas turísticas a la Junta y ésta al Gobierno central

Turistas se desplazan con su equipaje por el centro de Sevilla.

Turistas se desplazan con su equipaje por el centro de Sevilla. / Antonio Pizarro

De tejado a tejado. El Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado un proceso para regular los pisos turísticos, tal y como explicó ayer este periódico, y está convencido de que los pasos que se puedan dar desde el gobierno municipal, que en principio se centran en un cambio en el PGOU y una ordenanza específica, necesitan del respaldo de la Junta de Andalucía. “Hay suficientes elementos comunes en la manera en la que se presenta este fenómeno en los distintos destinos urbanos que justificaría un marco jurídico regulado desde el Gobierno autonómico”, apunta Antonio Muñoz, delegado de Turismo del gobierno de Juan Espadas.

Este tipo de alojamientos, cuyo crecimiento se ha disparado en los últimos años hasta el punto de haber superado ya en plazas a los hoteles, están regulados por un decreto andaluz desde 2016, una normativa que, no obstante, no satisface ni al sector, ni al gobierno municipal ni a los propios propietarios. “La norma autonómica es tremendamente light, sólo sirve para que los que actúan en la ilegalidad se legalicen con la consiguiente inscripción en el Registro de Turismo de la Junta”, opina Muñoz.

En estos momentos, ya son 5.012 viviendas, según la última consulta realizada, las que están registradas en Sevilla capital. En la provincia la cifra sube a las 5.368 y varía prácticamente a diario, con nuevas altas y también algunas bajas, como ha ocurrido en esta última semana.

Al margen de Sevilla, se han dado pasos (sin éxito aún) en Córdoba, Málaga, Granada y Cádiz

En otras ciudades españolas, tal y como se detalló en la edición de ayer, los tribunales han ido tumbando las distintas ordenanzas y normativas particulares Y en el sector también hay consenso en torno a la necesidad de alcanzar una unificación legal. Desde la asociación Apartsur, pionera en la gestión de estos alojamientos turísticos, se apunta a la conveniencia de esperar a que la Junta de Andalucía de algún paso más antes de seguir aprobando ordenanzas municipales, una medida que no sólo se baraja en Sevilla, también se ha puesto sobre la mesa en Córdoba, Málaga, Granada y Cádiz.

Sin embargo, la posición del Gobierno andaluz, a fecha de hoy, es otra distinta, pues desde la Consejería de Turismo se apunta que debe haber un marco estatal que unifique los parámetros en los que se mueven estos alojamientos.

En la Junta nadie niega la necesidad, si no urgencia, de regular e alquiler turístico y este tipo de viviendas se ven como una “realidad”, además “necesaria” para albergar parte de las visitas que está recibiendo la región. Al igual que ha expresado el delegado municipal de Turismo, Antonio Muñoz, el deseo es que este fenómeno no se reduzca a un problema de convivencia, sobre todo, en las grandes ciudades y que acabe perjudicando a un sector pujante.

Según explican fuentes de la Consejería de Turismo, en manos de Juan Marín, desde el Gobierno regional se ha reforzado la inspección y se está exigiendo el cumplimiento de la normativa, pues hay otras autorizaciones que son municipales en las que la Junta de Andalucía no entrar. Estas mismas fuentes coinciden en que las decisiones unilaterales sobre la limitación de viviendas turísticas no son el camino. “Desde la Consejería reiteramos nuestra petición al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para trabajar en una regulación a nivel nacional. O hablamos de regulación nacional o estaremos cometiendo el mismo error que se ha cometido con otras áreas como las VTC; cada ciudad no puede tener una normativa diferente, eso es imposible”, apuntan desde Turismo.

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