Una veintena de residentes en las llamadas '99 viviendas' sociales de la barriada sevillana de Los Bermejales que sufren el acoso de una vecina se han concentrado frente al Ayuntamiento de Sevilla en reclamo de un arreglo para su situación, ofreciéndoseles sin embargo la respuesta de que el problema "no es competencia" del Consistorio.

Uno de los vecinos afectados y portavoz del colectivo, José Antonio, expuso que en las dos horas y media que duró aproximadamente la concentración "no han salido ni el alcalde ni la delegada de Bienestar Social, ni siquiera para saludarnos".

Una de las alternativas ofrecidas a los vecinos afectados por parte de la Delegación municipal de Bienestar Social es la de realojarles en otras viviendas vacantes de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), promotora de sus actuales domicilios, lo que José Antonio tachó de "injusto". 

"Estamos cansados, no es justo que el problema venga de una sola persona y que ésta se ría de todos nosotros porque sabe que no la van a echar", dijo este afectado, que alegó no creer que a una persona no se la pueda expulsar de una vivienda de la que ha resultado adjudicataria.

Añadió que "al final se va a salir con la suya porque el desahucio es un escándalo y ahora no conviene con las elecciones", apuntando que "hay mucha tensión y deben saberlo". Concluyó recordando que ya se han presentado contra ella 607 denuncias en ámbitos tales como la Fiscalía, el Ayuntamiento o el Defensor del Pueblo Andaluz, "pero parece que no son capaces de ver de quién es la competencia".

El impago, única vía legal para el desalojo

Sobre el particular se pronunció la delegada de Bienestar Social, Ana Gómez, que en rueda de prensa confirmó que una de las alternativas es reubicar a los afectados en otras viviendas, "donde sea", ya que "no hay otra posibilidad, porque son los jueces los que tienen que dictar el desalojo".

El Ayuntamiento, según Gómez, sólo puede "mediar y acompañar", ya que "trabajamos con la voluntariedad, y en este caso la familia --por la vecina que presuntamente lleva a cabo el acoso-- se niega a colaborar".

La otra alternativa barajada es que EPSA lleve a los tribunales el impago de las cuotas que la acosadora mantiene en relación a su vivienda, como "única vía legal" para el desalojo. Los vecinos, en este sentido, aseguraron que ella "maneja mucho dinero porque tiene, entre otras cosas, dos coches". 

A mediados de enero, Chamizo se comprometió a estudiar el caso para "ver qué actuaciones son las más pertinentes" y, según explicó otra de las afectadas, María Luisa Reina, que tuvo que abandonar su hogar en mayo junto a su marido y sus tres hijos, el Defensor mostró "bastante interés y dice que estudiará el caso en profundidad, porque ha visto que tiene una magnitud importante".