La juez María Núñez Bolaños, que investiga el delito societario en Mercasevilla, interrogará mañana al ex concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla José Antonio García y a María del Carmen Rodríguez, nuera del ex delegado de Empleo Antonio Rivas, en relación con el "supuesto pago" de nóminas por parte de Mercasevilla a través de las empresas del conseguidor.

La instructora ha ampliado, además, la imputación al conseguidor de los ERE, Juan Lanzas, y a su cuñado, Ismael Sierra, que declaran el jueves 28, mientras que el ex director general de la lonja, Fernando Mellet, ha sido citado a declarar el 3 de mayo.

La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla aún no se ha pronunciado sobre la petición que hizo en su día la Fiscalía para imputar -remitiendo una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)- al parlamentario andaluz del PSOE y vicesecretario general del PSOE de Sevilla, Carmelo Gómez, quien se personó voluntariamente en la causa a pesar de su condición de aforado.

Las declaraciones de los imputados fijadas para estos días se producen a instancias de la Fiscalía de Sevilla, que sostiene que los contratos de Carmelo Gómez, José Antonio García y la nuera de Rivas con las empresas del entramado de Lanzas pueden ser "simulados" y no responden a una actividad laboral real, por lo que considera que se pagaron en total unos 70.000 euros "indebidamente con fondos públicos" procedentes de Mercasevilla, mediante facturas falsas.

Según argumentó en su día el Ministerio Público, existen indicios en la causa de que el entonces director general de Mercasevilla, Fernando Mellet, mediante el abono de "facturas simuladas", pagó la nómina del parlamentario, así como del ex edil García y de María del Carmen Rodríguez, durante el tiempo en que los tres estuvieron dados de alta en diversas empresas vinculadas al entramado societario de Juan Lanzas: Al Andalus Mass Media, Maginae Solutions y Consulting Social Siemur.

De otro lado, la defensa de Carmelo Gómez se ha opuesto a que el TSJA lo investigue al negar que cobrara de Mercasevilla y poner de manifiesto que, en todo caso, el delito habría prescrito al haber transcurrido más de cinco años desde que se produjeron las contrataciones que están siendo investigadas por Bolaños.