El sindicato CSIF denunció ayer que la Consejería de Justicia adeuda más de 28.000 euros a los funcionarios destinados en los juzgados de Violencia sobre la Mujer de Sevilla por las guardias que han realizado desde julio de 2009 y que no les han sido abonadas hasta la fecha. El problema afecta a una veintena de funcionarios, a los que se debe entre 1.400 y 1.700 euros a cada uno, y deriva del hecho de que la ampliación del número de funcionarios que la Junta acordó con los sindicatos no está recogida en ninguna orden o decreto autonómico.

El sindicato añadió que se han puesto en contacto con el Ministerio de Justicia -que fue el que creó las guardas en estos juzgados- y les han informado de la Consejería de Justicia puede modificar el número de funcionarios de guardia, dentro del límite de la plantilla de cada órgano y siempre que las necesidades del servicio y las circunstancias especiales del partido judicial lo aconsejen.

Después de estos contactos con el Ministerio, CSIF ha solicitado a la Consejería que, "sin dilación alguna", proceda a la regularización de la situación y al pago de las guardias a los funcionarios destinados en estos órganos.

El sindicato ha reiterado a la Junta su solicitud para que el servicio de guardia de los juzgados de Violencia se preste por la totalidad de la plantilla, como ocurre en las otras tres localidades que cuentan con más de cuatro órganos -Madrid, Barcelona y Valencia-. CSIF también reivindica a la Consejería que implante un régimen de libranzas para que, después de un turno de guardia, los funcionarios no tengan que ir a trabajar al día siguiente a su juzgado.