El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Emilio Carrillo (PSOE), ha admitido que al Gobierno municipal de PSOE e IULV-CA le "preocupan" las diligencias incoadas por el  Juzgado de Instrucción número 20 en cuanto a la destrucción de los hornos almohades descubiertos en el entorno de la Puerta de Jerez con motivo de las obras previas a la peatonalización del centro y la instalación del tranvía, aunque aseguró que los propios servicios jurídicos municipales defienden la "plena legalidad" de las actuaciones en su conjunto.

Durante la rueda de prensa correspondiente a la Junta local de Gobierno, Carrillo hizo alusión a las diligencias abiertas por la magistrada del Juzgado de Instrucción número 20, Nieves Martínez, ordenando a la Consejería de Cultura información sobre los cuatro hornos almohades que los operarios de Martín Casillas destruyeron el 24 de abril de 2006 mientras acometían en la Puerta de Jerez, y por encargo de la por entonces empresa municipal de aguas, con motivo de las obras previas a la instalación del tranvía y la reurbanización de la zona.

El portavoz provisional del Gobierno municipal de PSOE e IULV-CA aseguró, de cualquier manera, que el Ayuntamiento prestará "toda la colaboración" pese a que aún no ha recibido notificación de las citadas diligencias, toda vez que los propios servicios jurídicos han defendido la "plena legalidad de las actuaciones acometidas" por orden de la actual Empresa Metropolitana de Aguas de Sevilla (Emasesa) al intervenir en la Puerta de Jerez para desviar sus servicios afectados por el proyecto integral de peatonalización.

En la providencia, la juez solicita informes concretos sobre si los hallazgos tenían el concepto de bienes del Patrimonio Histórico, si carecían de valor o si las obras se desarrollaron conforme a las previsiones establecidas en la Ley de Patrimonio Histórico y Español. La resolución de la magistrada deviene de una querella interpuesta por el sector del taxi de Sevilla contra el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, ante lo que ellos entendieron como un delito de administración desleal al decidir asumir la instauración del tranvía como presidente del consejo de administración de la empresa municipal de transportes (Tussam).   

En el texto de la denuncia se incluyó además un supuesto delito contra el patrimonio histórico, razón por la cual la magistrada ha decidido solicitar de nuevo información sobre los restos arqueológicos, a pesar de que el pasado mes de octubre un juzgado ya decidió suspender de forma cautelar la sanción de 24.878 euros impuesta por la Consejería de Cultura a Emasesa a consecuencia de la destrucción de estos cuatro antiguos hornos almohades.

En diciembre de 2006, la por entonces empresa municipal había formulado alegaciones ante la Consejería de Cultura para intentar eludir la citada sanción, dictada por el delegado provincial del ramo, Bernardo Bueno ante la destrucción de cuatro hornos almohades hallados en el marco de las obras que, por encargo de la empresa pública, ejecutó Martín Casillas en la Puerta de Jerez con motivo del desvío y la renovación de los servicios afectados por el proyecto Metrocentro.

En sus alegaciones, Emasesa defendía que "la retirada de los restos se vio motivada por la falta de seguridad y riesgo de desprendimiento de los muros del yacimiento tras la caída de una fuerte granizada la tarde anterior". La mencionada sanción, impuesta después de que los hornos almohades fueran destruidos por los operarios de Martín Casillas el pasado 24 de abril de 2006, calificaba los hechos como una "falta leve" y desestimaba el "expolio" denunciado por el arqueólogo de la Consejería encargado de supervisar las labores de campo de este proyecto.