Ni una sola de las más de cien denuncias interpuestas por la Policía Local contra los menores de origen rumano que se hacen pasar por sordos para pedir dinero a los viandantes ha llegado a juicio ni se ha traducido en una multa económica que se haya podido cobrar de manera efectiva. La dificultad de notificar las denuncias a los infractores, acompañada de un cierto desinterés de las administraciones por acabar con este problema, ha derivado en que la Policía deje ya de presentar denuncias contra estos menores y simplemente se dedique a identificarlos y retirarles las carpetas para que no sigan estafando a los ciudadanos.

La Policía Local de Sevilla planteó a la Fiscalía la posibilidad de imputar a los padres de los adolescentes acusándoles de un delito de explotación de la mendicidad. Esta infracción está castigada en el Código Penal español con una pena de seis meses a un año de prisión, por lo que en teoría los padres podrían ser encarcelados en caso de reincidencia. Para la Policía esta iniciativa podía ser positiva, ya que los agentes municipales habían podido comprobar que eran los padres quienes obligaban a sus hijos a pedir dinero e incluso los castigaban físicamente si no volvían a casa con una cantidad determinada.

La Policía había hecho un seguimiento a los menores desde que eran dejados por sus padres en las inmediaciones del centro o en Triana, de su recorrido por la ciudad y de su regreso a sus viviendas, generalmente ubicadas en chabolas en la zona del Charco de la Pava o bajo alguno de los puentes que cruzan el Guadalquivir hacia la cornisa del Aljarafe. En más de una ocasión los agentes han sido testigos de la entrega de dinero por parte de los niños -ninguno de los cuales está escolarizado- a sus padres.

Pese a plantear estas cuestiones por escrito a la Fiscalía de Sevilla, la Policía Local no ha recibido ninguna contestación por parte del Ministerio Público. Ante esta falta de respuesta, los agentes municipales contactaron con la Consejería de Bienestar Social de la Junta, donde tampoco prosperó el plan ideado para luchar contra esta estafa.

Mientras tanto, los procesos abiertos contra los menores iniciados el año pasado se han ido archivando por la dificultad de notificar las denuncias a los infractores -en este caso los padres como responsables legales de los menores- y por la incomparencia ante el juzgado de los que sí fueron informados con éxito. Por este motivo no se ha celebrado ningún juicio contra estos adolescentes pese a la reiteración en las multas.

Esta situación ha derivado en un profundo malestar entre los miembros del Grupo Giralda de la Policía Local, unidad especializada en la vigilancia del centro y en la protección de los turistas y que se ha encargado tradicionalmente de denunciar a los adolescentes rumanos. Tanto que los miembros de este grupo han optado por identificar a los menores y retirarles la carpeta con la que intentan fingir que pertenecen a una asociación nacional de sordomudos para evitar que sigan estafando a los ciudadanos que todavía no tengan conocimiento de este timo.

La vía judicial no es la única para acabar con este fenómeno, que afecta sobre todo a los turistas. Por vía administrativa se les puede denunciar por incumplir la ordenanza municipal de medidas para el fomento y garantía de la convivencia ciudadana en los espacios públicos -conocida popularmente como ordenanza antivandálica-, que entró en vigor el pasado otoño y que contempla multas de hasta 150 euros para todas las prácticas relacionadas con la mendicidad que se lleven a cabo en la capital andaluza.