El Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla, que indaga presuntos ataques y amenazas sufridos por conductores de vehículos de transporte concertado (VTC) a manos de taxistas y supuestas coacciones por la parada de taxis del aeropuerto, donde está instalada la sede de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi, ha citado como investigados a cinco taxistas para que presten declaración el 7 de mayo, con relación a los "daños" perpetrados recientemente en los aseos de la terminal de llegadas del aeródromo, según han informado fuentes del caso.

A tal efecto, la juez instructora del caso ya solicitó a la dirección del aeropuerto de San Pablo que informase del "estado" del contrato de alquiler relativo a las dependencias del recinto aeroportuario ocupadas por la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi, un contrato dado ya por "finalizado" por Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA). En paralelo, y mediante una providencia, la juez instructora ofrecía a la dirección del aeropuerto la posibilidad de ejercer "acciones" legales con relación a los "daños" perpetrados el pasado 23 de febrero en los aseos de la terminal de llegadas, toda vez que tales daños habrían sido perpetrados unas semanas antes de la finalización formal del mencionado contrato de alquiler.

El conflicto del aeropuerto

En ese sentido, cabe recordar que en diciembre de 2017, el aeropuerto de San Pablo formulaba una primera demanda de desahucio ante los Juzgados de Primera Instancia, por el supuesto "incumplimiento" de los términos del contrato suscrito en 2010 entre la dirección del aeródromo de San Pablo y la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi, para el alquiler de este local. Según el aeropuerto, los términos de dicho contrato de alquiler no contemplarían el uso del local para fines como la explotación de un bar, extremo que llevaba a AENA a solicitar la rescisión del mencionado contrato.

A la espera de una resolución judicial derivada de dicha demanda, el pasado 31 de marzo finalizaba según AENA la última prórroga de dicho contrato de 2010 y aunque era posible una nueva prórroga siempre que ambas partes estuviesen de acuerdo, la dirección del aeropuerto habría remitido un burofax a Solidaridad Hispalense del Taxi, comunicando que daba por "finalizado" el contrato a la citada fecha. Superada la fecha en cuestión sin que el local hubiese quedado expedito, y cometidos los citados "daños", el aeropuerto decidía interponer una nueva demanda de desahucio, esta vez por la "finalización" de dicho contrato de alquiler y siempre para reclamar el desalojo del establecimiento.

La investigación de los taxis

Esta causa judicial deriva de la investigación policial relativa a los citados y supuestos casos de acoso, violencia y amenazas de taxistas a conductores de VTC que trabajan en Sevilla para empresas de alquiler de coches con chófer como Cabify.

Dicha investigación, promovida por la Brigada de Información de la Policía Nacional, sumaría un total de 32 taxistas investigados por presuntas coacciones y amenazas a otros taxistas y a conductores de VTC, especialmente por situaciones conectadas con los servicios relacionados con el aeropuerto hispalense, regidos por una tarifa única.

En la causa judicial, en cualquier caso, figuran como investigados los principales dirigentes de Solidaridad Hispalense del Taxi, entre ellos Enrique Filgueras y otros miembros del organigrama de dicha organización como Antonio Velarde o Francisco Ternero, toda vez que las asociaciones gremiales del sector del taxi se han desligado en todo momento de los hechos investigados.