Tres años sin poder descansar en su casa. Un calvario que se ha visto agravado por el proceso judicial que emprendió ante la pasividad del Ayuntamiento con la movida que de jueves a domingo se concentraba a las puertas de su vivienda. Ésta es la historia más reciente de Concepción Barrios, una vecina de la calle Alcalde Isacio Contreras, a la que ahora el Consistorio tendrá que indemnizar con 24.000 euros.

El juzgado de lo Contencioso número 5 de Sevilla le ha dado la razón. Pero muchas secuelas no podrán desparecer. Todo comenzó en otoño de 2004, tras el vallado del parque Blanco White. Esta medida provocó que la movida se desplazara a poco más de un metro de su casa. La estampa de cada fin de semana se repetía con todos los elementos propios de una jornada de resaca: vómitos, orines y basura. Esta escena era matinal. La nocturna no podía ni describirse. "Es como si todos estuvieran dentro de la vivienda; mi casa ha dejado de ser mía", refirió Concepción a Diario de Sevilla en noviembre de 2007.

La única respuesta que obtuvo de los servicios públicos fue una eterna espera. Nadie quería atenderla. Todos se desentendían de su problema. Al menos, la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Local se personó en su casa para verificar la pesadilla a la que se enfrentaba todos los fines de semana. La evidencia era palpable: El sonómetro registró 76,2 decibelios, con picos de 90,1, cuando lo permitido por la Organización Mundial de la Salud es de 30 decibelios.

A pesar de este informe, el Ayuntamiento siguió sin atender sus quejas. Después llegó la ley antibotellón que redujo el número de concentraciones, pero que no eliminó el volumen de ruido que se repetía todos los fines de semana. Sus efectos se habían notado, pero no lo suficiente como para que esta vecina pudiera conciliar el sueño y descansar en su casa. "De 2.000 personas pasaron a ser 10 ó 12 personas bebiendo permanentemente con sus coches-discoteca hasta las tres de la madrugada", dijo Concepción cuando entró en vigor la citada ley.

Los problemas de salud no tardaron en aparecer. Cuadros de ansiedad que han requerido asistencia médica y han perjudicado su trabajo. Unas secuelas para las que la Justicia exige ahora 24.000 euros de indemnización.