José Salas Burzón, dueño de la entidad Contsa Corporación Empresarial, declarada en suspensión de pagos, continuó captando ahorros de inversores y recibió hasta 687.000 euros de los clientes, a pesar de que conocía la situación de crisis de la sociedad y la falta de liquidez, que impedía hacer frente al pago de los intereses. Esto es lo que reflejan los contratos aportados al juzgado de lo Mercantil por, al menos, cinco acreedores que suscribieron préstamos mercantiles o adquirieron acciones de Contsa entre finales de noviembre de 2007 y las primeras semanas de diciembre, según ha corroborado Diario de Sevilla en los documentos incorporados al proceso concursal.

Esta documentación contradice rotundamente las manifestaciones realizadas por el presidente de Contsa cuando declaró como imputado en la investigación judicial abierta en el juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla por delitos societario, de estafa y falsedad documental. En esa declaración, José Salas Burzón aseguró a la juez que aproximadamente a partir del 20 de noviembre de 2007 "ya no se captó más dinero" de los inversores ante la falta de liquidez y la situación de crisis que afectaba a la entidad. El dueño de Contsa insistió además en que pagó "religiosamente hasta diciembre" y añadió que "nunca" dio instrucciones a uno de sus apoderados, que también está imputado, para que recibiera dinero a sabiendas de que no se podía devolver el capital ni hacer frente al pago de los intereses. Este apoderado, Fernando L., aseguró que el propio Salas le informó de los problemas de liquidez a partir del 20 de noviembre.

Esas manifestaciones contrastan, en cambio, con los contratos que han ido depositando los acreedores en el concurso necesario declarado por el juzgado de lo Mercantil, donde figura que tan sólo cinco inversores, le entregaron 687.000 euros. Uno de estos clientes entregó 80.000 euros el 20 de noviembre de 2007, la misma fecha en la que, según Salas, se dejó de captar capital. Miguel López Lora, una de los perjudicados que han denunciado a Salas Burzón en la vía penal, depositó 306.000 euros el día 30 de noviembre. Ese mismo día, el grupo Contsa recibió otros 66.000 euros de otro inversor.

Pero la recepción de préstamos y venta de acciones no sólo se realizó en el mes de noviembre, sino que prosiguió en diciembre, cuando según el testimonio de José Salas la empresa ya había dado órdenes para no captar más capitales. En el juzgado de lo Mercantil están depositados los contratos de otros dos clientes que, con fechas 13 y 20 de diciembre, entregaron a Salas Burzón las cantidades de 115.000 y 120.000 euros, respectivamente.

El capital entregado a partir de la fecha en la que Contsa aseguró que dejó de captar inversores puede ser incluso muy superior a los 687.000 euros constatados, dado que todavía continúan personándose en el juzgado numerosos acreedores, la mayoría de los cuales comprueban con gran sorpresa que ni siquiera figuran en la lista oficial de acreedores presentada por la sociedad.

Aunque no existe una cifra oficial, el volumen de acreedores y la cuantía de las deudas de Contsa superan ampliamente las declaradas oficialmente por la empresa, que ha asegurado que sólo hay 609 acreedores a los que se adeudan algo más de 49 millones de euros, mientras que el inventariado de bienes y derechos es de 79,7 millones de euros.

El abogado Juan de Dios Ramírez, que representa a Miguel López Lora, ha anunciado que hoy mismo solicitará al juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla que pida una "copia testimoniada" de los documentos presentados por los acreedores en el juzgado de lo Mercantil y en los que se acreditan los contratos suscritos en los meses de noviembre y diciembre con varios afectados.

Con esta documentación, los denunciantes tratan de demostrar que la actuación de José Salas puede ser constitutiva de una presunta estafa. Otro de los perjudicados, Manuel Jiménez Hurtado, que invirtió 36.000 euros con el compromiso de recibir un 15 por ciento de interés, sostiene en su denuncia que un letrado de Contsa le comunicó que la sociedad tenía problemas de liquidez desde mayo de 2007, por lo que considera que la empresa debió de haberle advertido del "alto riesgo" de la inversión y, como no lo hizo, la entidad pudo incurrir en un delito de estafa.