El ex secretario del distrito Macarena José Marín Rodríguez (PSOE) y el contratista José Pardo García fueron declarados ayer culpables de sendos delitos de malversación y falsedad documental por el jurado popular que enjuicia el caso de las facturas falsas en el Ayuntamiento de Sevilla. Los nueve miembros del tribunal consideran de manera unánime que los dos acusados se beneficiaron de obras que no se ejecutaron o quedaron a medio hacer en el distrito Macarena hace ya más de cuatro años, según el veredicto leído a última hora de la mañana de ayer por la portavoz del jurado en la Audiencia de Sevilla. El juicio por el escándalo de las facturas falsas quedó así visto para sentencia.

El tribunal se mostró además desfavorable a la suspensión de la pena y al indulto para los dos acusados. El jurado considera probado que el ex secretario del distrito José Marín permitía de manera consciente que el contratista José Pardo se beneficiara de cobrar obras que no llegaron a realizarse o se ejecutaron de manera parcial. También cree demostrado que Marín alteró varios cheques firmados anteriormente por el concejal del distrito, José Antonio García, añadiendo de su puño y letra el nombre de José Pardo para así eludir los controles de la administración pública.

A Pardo también se le considera culpable de ambos delitos de malversación y falsedad documental porque se beneficiaba del cobro de las obras pese a que éstas no se habían ejecutado y por presentar documentos en los que se hacía pasar por representante de la empresa Contratas y Obras de Sevilla (COS) pese a que sabía que la actividad de la empresa había cesado en el año 2002. El contratsista presentó en la sede del distrito facturas para cobrar hasta seis obras que no se habían hecho o sólo se habían realizado de manera parcial, por lo que el jurado entiende que "pretendía obtener más dinero que el que le correspondía" por los trabajos que sí había llegado a ejecutar.

El importe total de estas obras es algo superior a los 6.000 euros, por lo que las penas que se impongan a los acusados podrían oscilar entre los tres y seis años de prisión. Para casos de malversación en los que la cuantía sustraída no supera los 4.000 euros, el Código Penal recoge penas inferiores, de entre seis meses y tres años de cárcel. Por encima de esta barrera, las condenas ya oscilan entre los tres y los seis años.

Las obras que no se ejecutaron corresponden a la demolición de una capilla en San Diego, mientras que las que se llevaron a cabo de forma parcial eran instalaciones de pivotes y solería en varias calles del distrito, entre ellas las del Doctor Berraquer y Maese Pérez. Algunos de los pivotes cobrados no fueron colocados luego en estas calles. En el caso de San Diego, el jurado reconoce que el personal y la maquinaria de la empresa de Pardo se presentaron en dos ocasiones en San Diego para derribar los módulos en cuestión, pero que no pudieron hacerlo por "por circunstancias ajenas a su voluntad".

A este detalle se aferran las defensas de los dos acusados para tratar de rebajar las penas que puedan ser impuestas para sus clientes. Los abogados de Pardo y Marín consideran que el desplazamiento de maquinaria y trabajadores conlleva un gasto que debería ser restado a los 6.000 euros de las facturas falsas. Para José María del Nido, abogado de José Marín, si se restan estos costes el importe de las facturas no superaría en ningún caso los 4.000 euros. De ahí que solicite para su cliente la pena mínima posible para los delitos de malversación y falsedad documental, es decir, seis meses de prisión para cada uno de los supuestos.

Esta estrategia es la misma que ha seguido también el representante legal del contratista José Pardo. Después del fallo del jurado, los dos abogados defensores se han visto obligados a modificar sus conclusiones y pedir la pena mínima en vez de la absolución. En los juicios con jurado popular que concluyen con la culpabilidad de los procesados, las partes deben cambiar sus conclusiones si pedían inicialmente la absolución y ajustarse a la horquilla de años de prisión establecida en el Código Penal para cada tipo de delito.

Las acusaciones, tanto la de la Fiscalía como la particular que ejerce el Partido Andalucista (PA) difieren y mantienen sus peticiones iniciales. El fiscal solicita para José Pardo dos años y seis meses de prisión como cooperador de malversación y otros 21 meses por falsedad documental, mientras que los andalucistas piden seis años y cuatro años y seis meses por los mismos delitos.

Para Marín, el representante del Ministerio Público, Antonio Ocaña, pide tres años y seis meses por malversación y un año y seis meses por delito de falsedad documental no continuada. El fiscal expuso en su intervención final que no tiene "ánimo de dureza" y que no se opondría a una pena inferior a las solicitadas. Por su parte, el abogado del PA pide seis años de cárcel por cada uno de estos dos conceptos para el ex secretario del distrito Macarena.