Un grupo de  entidades sociales denuncian la "desproporcionada" intervención policial que tuvo lugar el pasado martes en el asentamiento chabolista de El Vacie. En un comunicado, firmado por Anima Vitae, Amuradi, Avanti, Ceres, Humanos con Recursos, Federación Fakali, Federación Liberación, Fundación Secretariado Gitano, se recoge que la actuación "fue desmesurada, utilizando medios desproporcionados y guiada por una clara intención mediática".

La macrorredada de la Policía Nacional tuvo lugar el martes 13 de marzo y se saldó con 24 personas detenidas, según fuentes policiales. Los agentes cerraron el asentamiento en una operación contra la falsedad documental para cobrar ayudas. Un cerramiento que, según denuncian estas entidades, anuló "de forma totalmente injustificada los derechos constitucionales" de los residentes en el asentamiento, que quedó sitiado durante más de cuatro horas. 

De igual modo, ponen de manifiesto que esta actuación policial "afectó directamente a las actividades matinales que muchas entidades sociales desarrollan en el barrio". Tal y como recoge la nota emitida, los residentes no pudieron disfrutar de "un taller de higiene y desayuno, transporte escolar y acceso a guardería". "Al mismo tiempo se impidió que toda la población acudiera a puestos de trabajo y formativos", denuncian.

Las entidades denunciantes afean además el tratamiento de la operación policial en los medios de comunicación, asegurando que se "vuelve a estigmatizar a la población gitana y a criminalizar las personas que se encuentran en situación de exclusión severa, creando un estereotipo de delincuencia", manifiestan en su escrito.

De este modo, las entidades firmantes denuncian "la vulneración de los derechos de los menores impidiéndoles el libre acceso a sus viviendas, y su derecho de asistir a la escuela; la situación de pánico y miedo sufrida por los menores residentes en el barrio, que presenciaron una excesiva agresividad y brutalidad por parte las fuerzas policiales que además iban fuerte y visiblemente armados; los menores escolarizados que llegaron a sus centros educativos lo hicieron tarde, dándose numerosas situaciones de llanto, miedo y nerviosismo; el tratamiento en los medios de comunicación produce una vez más reacciones xenófobas y racistas en las redes sociales que fomentan el odio y la discriminación en la ciudad de Sevilla; los medios de comunicación utilicen términos atribuidos a la población gitana como clan que es claramente peyorativo y que los representa de una manera tribal y retrograda, englobando a todos sus miembros en prácticas delictivas; el tratamiento sensacionalista de esta noticia y la acción policial, desproporcionada con los delitos que presuntamente se imputan y llevado a cabo sin garantizar los derechos fundamentales de los residentes; la criminalización de la pobreza extrema de Sevilla. Los más pobres son los más perseguidos y dónde más represión se produce; no se puede generalizar un barrio entero por el hecho de que una minoría cometa supuestamente hechos delictivos", manifiestan en su escrito.

Del mismo modo destacan el "esfuerzo" que realiza su población por salir de la situación en la que está y ponen en relieve los "avances" en los procesos de incorporación social de los habitantes del asentamiento.