Los Ayuntamientos de la provincia de Sevilla pasan literalmente de la procedencia de las maderas y el papel en los que anualmente se gastan millones de euros, sin tener en cuenta que la mayor parte de esa madera y papel proviene de países donde la tala ilegal y el aprovechamiento forestal insostenible son prácticas habituales. La organización ecologista Adena/WWF ha realizado una encuesta entre todos los municipios mayores de 20.000 habitantes de España sobre su grado de compromiso a la hora de realizar sus compras de papel o madera y, en el caso de Sevilla, sólo el Ayuntamiento de Dos Hermanas ha contestado que está "en proceso" de elaborar una política pública de compra responsable de productos forestales.

Con las respuestas obtenidas, la organización ecologista ha elaborado una lista en la que distingue tres categorías: la lista verde, correspondiente a los ayuntamientos que tienen esta política de compra responsable y un plan de acción para controlar el origen de estos productos, y en la que únicamente están cinco ayuntamientos -cuatro catalanes y, entre ellos, Barcelona-; la lista ámbar, que corresponde a aquellos Consistorios o Diputaciones que tienen "en proceso" esta política responsable de compra de madera o papel, y donde está situado el municipio de Dos Hermanas junto a otros 52 Ayuntamientos españoles; y la lista roja, en la que aparecen todos aquellos que obvian el problema que supone, según WWF/Adena, la compra de madera o papel procedentes de talas ilegales o insostenibles para el deterioro medioambiental de estos países, generalmente pobres, sino para el medio ambiente de todo el planeta, especialmente en un contexto en el que el cambio climático adquiere un gran protagonismo y, por tanto, resulta más necesario el control de las talas de árboles, fundamentales para resolver el problema.

En esta lista roja se sitúan los Ayuntamientos de Sevilla, Alcalá de Guadaíra, Camas, Carmona, Coria del Río, Écija, Lebrija, Lora del Río, Mairena del Aljarafe, Morón de la Frontera, Los Palacios, La Rinconada, San Juan de Aznalfarache y Utrera.

El cuestionario remitido por WWF/Adena a los Consistorios y Diputaciones plantea una única cuestión, que se amplía en función a la respuesta. De esta forma, si un Ayuntamiento mantiene que sí aplica una política pública de compra que evite el consumo de madera de origen ilegal o insostenible, la organización pregunta por la existencia de algún plan de acción con medidas concretas.

En caso negativo, el cuestionario presenta otras cuatro interrogantes sobre la existencia de alguna propuesta de declaración institucional; la intención de iniciar esta política de compra en un periodo máximo de 3 meses; la existencia de algún mecanismo para solicitar a los proveedores el origen de los productos; o la utilización de algún sistema para documentar el origen de estos productos. En la mayoría de los casos, los Ayuntamientos han optado por no contestar el cuestionario, lo que automáticamente les ha enviado a la lista roja que los convierte en Administraciones públicas que pasan de uno de los problemas más graves que azotan hoy en día a países como Brasil, Indonesia o varios de África.