Cuando ya ha transcurrido un mes desde que se constituyeron los nuevos ayuntamientos, las corporaciones locales hacen balance para conocer la deuda que mantienen sus localidades con entidades financieras y proveedores. Este dato se hace aún más imprescindible en el caso de que se haya producido un cambio político en la Alcaldía, ya que, por regla general, cuando se está en la oposición no se tiene un conocimiento exacto de las cuentas municipales, algo que condiciona el grado de ejecución de las promesas electorales.

Este periódico se ha puesto en contacto con siete municipios cuyos consistorios han cambiado de color político tras el 22-M. En todos ellos se tiene ya un balance (algunos inicial, otros definitivo) de los pagos pendientes. En los siete se apuesta por una política de austeridad, que lleva aparejada, en algunas ocasiones, el recorte de salarios y la reestructuración de las plantillas. De todos los consultados, el municipio que acumula una deuda más alta es el de Écija, con 90 millones de euros. Le siguen Los Palacios, con 65; Mairena del Aljarafe, con 26, y Marchena, con 19,5.

ÉCIJA

El alcalde popular Ricardo Gil-Toresano se ha encontrado con una deuda consolidada de 90 millones de euros en el Consistorio astigitano, cantidad que engloba los débitos contraídos por el Ayuntamiento, empresas, patronatos y fundaciones municipales con entidades financieras y proveedores. Esta cifra genera unos gastos financieros de 5 millones de euros al año. Dentro de esta deuda llama la atención la situación de la empresa municipal de Urbanismo y Sedesa que lleva bastante tiempo sin pagar a la Seguridad Social y Hacienda.

El nuevo equipo de gobierno propone como medida para paliar la situación económica suprimir cargos de confianza, así como varias agencias y patronatos municipales. Las que se mantengan se unificarán bajo una especie de macrogerencia. En este sentido, se tiene la intención de recuperar los servicios municipales que sean rentables, por lo que la gestión de los impuestos locales (cedidos a la Opaef) se transferirán a la empresa de Gestión Tributaria, cuyo objeto social es precisamente el mencionado. De igual modo, la depuradora de aguas residuales será controlada por el Ayuntamiento que se encargará también -a través de una de sus empresas- de la gestión del agua potable. Para evitar más gastos se reorganizará toda la administración local, mientras que para subir los ingresos se aumentará el número de contribuyentes, intentando evitar la subida de impuestos.

MAIRENA DEL ALJARAFE

La herencia que deja el socialista Antonio Conde en este municipio aljarafeño se traduce en una deuda de 26.613.466 euros a 2 de junio. De esta cantidad, más de 10 millones equivalen a la deuda vencida pendiente de pago, de la que una cuarta parte está contraída con proveedores. La mayor partida, sin embargo, viene registrada como deudas en forma de pago establecidas, es decir, cuotas que el Ayuntamiento tendrá que ir abonando y que superan los 14 millones de euros. De ellos, 9,63 millones son préstamos a largo plazo. Por otro lado, la totalidad del débito también la integran las deudas fijadas por procedimientos judiciales (455.338,31 euros) y los casi 2 millones de euros pendiente de pago que están contabilizados aunque no convenientemente "clarificados". Todo ello teniendo en cuenta que el Presupuesto de 2010 dio un resultado negativo de 4,5 millones de euros, lo que se traduce en un pago diario de 12.300,24 euros, según apuntas fuentes municipales.

El nuevo gobierno del PP, liderado por Ricardo Tarno, tendrá que hacer frente a esta situación implantando una política de austeridad que, según el concejal de Economía y Hacienda, Vicente Agenjo, pasa por racionalizar los gastos corrientes, la reorganización del sector público y una auditoría para optimizar recursos. En cuanto al primer objetivo, Agenjo adelanta que la intención de su delegación es que los suministros de luz y electricidad sean sometidos a un concurso público de adjudicación para lograr la oferta más económica -sin renunciar a la calidad del servicio- para el Consistorio. Los dos últimos fines son dependientes uno del otro. Se trata de encargar una auditoría, que realizarán los propios funcionarios municipales, para conocer cómo se podrían mejorar los servicios que presta el Ayuntamiento sin que suponga una mayor merma en las arcas de la localidad. En este sentido, el titular de Hacienda señala que lo que se pretende es "reestructurar al personal del Ayuntamiento en función de las nuevas demandas de los vecinos, de modo que sea una administración más dinámica y no tan estanca como hasta ahora".

LOS PALACIOS

Es la segunda localidad -de las consultadas por el periódico- con una mayor deuda. El nuevo alcalde, Juan Manuel Valle (de la coalición formada por IU e Izquierda y Progreso), tendrá que hacer frente a una deuda aproximada de 65 millones de euros, en la que no está cuantificada aún -es un balance inicial- la devolución que el Ayuntamiento tiene que hacer de las subvenciones a las administraciones superiores, que ya las habían reclamando cuando gobernaban los socialistas, según afirma el primer edil. En esta cantidad están integradas tanto la deuda viva que mantiene con las entidades financieras como con los proveedores municipales.

Valle, por lo pronto, ha tomado una serie de medidas para frenar la sangría económica con la bajada en un 10% de su sueldo y el de los concejales, el ahorro de 130.000 euros anuales en órganos de gobierno, la desaparición de coches oficiales (con sus chóferes) y de seis cargos de confianza. En los últimos días también se ha llegado a un acuerdo con Sevillana Endesa para el pago de la deuda por el suministro eléctrico que asciende a 679.000 euros, lo que había provocado varios cortes de luz. Por ahora, se ha logrado reducir el débito en compensación por los 200.000 euros que la compañía tendría que haber ingresado desde 2010 en concepto de tasas de suministro, algo que el anterior gobierno de Antonio Maestre no había exigido.

PILAS

El nuevo Ayuntamiento, cuya Alcaldía la ostenta el socialista Jesús Sánchez merced a un pacto con IU, hereda del anterior gobierno de los populares una deuda de 22 millones de euros. De ellos, 10 son del Consistorio, de los cuales 2,5 corresponden a proveedores, 5 a créditos bancarios y el resto a pagos pendientes con Hacienda y la Seguridad Social. Los otros 12 millones son el débito contraído por la sociedad municipal que se encarga de promocionar el suelo industrial y la construcción de VPO. En este apartado se engloban tanto las deudas con las entidades financieras como con los constructores.

El nuevo alcalde reconoce que se tendrán que tomar medidas "poco agradables" para frenar el déficit, como reducir las horas extras de los funcionarios municipales que eran "excesivas" y paralizar la renovación de los contratos. Según Sánchez, "no queda más remedio que apretarnos todos el cinturón para garantizar las nóminas, porque de lo contrario no llegaríamos a noviembre". Por ahora, se ha podido organizar la feria de la localidad, ajustando los costes de luz y agua.

CARMONA

El PP se enfrenta a una deuda de casi 14 millones de euros, según informaron fuentes municipales. La mayor parte obedece a créditos y préstamos con bancos y cajas (8,3) y el resto a pagos pendientes con proveedores (5,6 millones). La política que ahora tendrá que desarrollar el nuevo alcalde, Juan Ávila, pasa por el ahorro económico, la austeridad y la reducción de gastos.

ALMENSILLA

IU se ha hecho con el gobierno de esta localidad del Aljarafe. José Carlos López Romero inicia su mandato con una deuda de 2,8 millones, de los que el 71,4% son débitos financieros y el resto, impagos a proveedores. Una deuda, sin embargo, que no está cerrada por completo, ya que sólo se trata del primer balance. Los pagos atrasados a las empresas que instalan el alumbrado de las fiestas y los fuegos artificiales (21.000 euros) ha impedido que este año se celebrara la Feria. Por ahora, se han podido pagar las nóminas de junio de los trabajadores municipales.

Marchena

La deuda encontrada por el socialista Juan Antonio Zambrano es de 19,5 millones, "mayor de la esperada", señala el nuevo alcalde. De esta cantidad, 4,7 millones proceden de débitos con proveedores (a los que hay que añadir otros 500.000 euros que no están presupuestados), otros 3,8 millones son los pagos atrasados a la Seguridad Social y Hacienda, mientas que las deudas con las entidades financieras llegan a los 10,3 millones.

El nuevo gobierno ha solicitado ya un aplazamiento de la deuda con la Seguridad Social, así como la reducción en más de 160.000 euros de las retribuciones y asignaciones a los concejales, propuesta llevada al Pleno del pasado 27 de junio que contó con los votos en contra del PA y PP. También se pretende reducir el gasto en teléfonos móviles, suministro y servicios de empresas externas.