El Ayuntamiento de Sevilla aseguró ayer que no quiere dar pasos en falso en el caso de las dos sentencias que han anulado el monopolio a la empresa Biouniversal de la recogida del aceite usado y trata de afinar bien para que sus decisiones no tengan un coste económico alto para las arcas municipales.

Fuentes de Alcaldía aclararon que, por recomendación de los servicios jurídicos municipales, se ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía un plazo de 30 días más para estudiar en profundidad las repercusiones de la reciente sentencia que anula dos artículos clave de la ordenanza de limpieza y residuos (artículos 102 y 113.1). Pasado este tiempo el Ayuntamiento decidirá si recurre parcialmente la sentencia o si, como anunció el alcalde, Juan Espadas, se asume el fallo judicial y se modifica la ordenanza conforme a la sentencia.

El problema se plantea con la anulación del artículo 102 de la norma según el cual "Lipasam establecerá los sistemas más adecuados para realizar la recogida selectiva de los aceites usados en domicilios, comercios y establecimientos de hostelería". El Ayuntamiento explica que, si admite sin más la anulación de ese artículo, Lipasam no podría gestionar directamente el aceite usado si así lo decidiera y que sólo trata de evitar una situación que genere daño a las arcas municipales.

Esta reacción de estudiar mejor las repercusiones se debe también a otra novedad judicial: Biouniversal, afectada por las sentencias, encontró la semana pasada una vía para recurrir la decisión judicial firme que desde el 31 de marzo permite a los hosteleros tener vía libre para elegir a quién entregaban sus aceites usados. Así, Biouniversal ha recurrido el auto de ejecución provisional de la sentencia del TSJA que anuló el punto del contrato con el Ayuntamiento que avalaba precisamente el monopolio del aceite usado.