De un tejado a otro. El conflicto que mantienen los taxistas contra los VTC es una bola de fuego que nadie desea quedarse. Ni el Ayuntamiento ni el Estado. Nadie quiere dar ni quitar razón en un enfrentamiento que se ha enconado los últimos días en las principales capitales de España: Madrid y Barcelona.

El ejemplo más palpable ha tenido lugar este jueves, en el II Foro de Gobiernos Locales que se celebra en Fibes. Durante la comparecencia antes los medios, el alcalde hispalense ha vuelto a incidir en la necesidad de que la regulación de un sector en el que operan taxistas y VTC debe ser de ámbito autonómico.

Pero ha añadido que también el Estado ha tomar una decisión al respecto. En definitiva, ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez, del mismo color político que el suyo, que se implique en esta situación que se agrava por momentos.

Tal petición ha sido respondida minutos después por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, quien ha asistido también a dicha cita. La ministra socialista ha recordado que el Ejecutivo de Sánchez aprobó hace unos meses un decreto sobre este asunto. "En siete meses hemos hecho más que en los siete años de Rajoy", ha aseverado Calvo, quien le recriminó al anterior Gobierno la "desidia" en este conflicto.

Sin embargo, más allá de este decreto, que apenas establece una medida concreta a nivel local, la vicepresidenta del Estado se muestra en contra de que la Administración central haga algo más al respecto. Todo lo deja en manos de los ayuntamientos y las comunidades autónomas.

“Este Gobierno ya hizo un real decreto; pusimos orden en lo que son competencias de los ayuntamientos y también de las comunidades autónomas, y nos disponemos a ejercer la parte que nos corresponde, pero que cada cual responda también a los ciudadanos cuando se plantean problemas”, exigió.

Y remarcó que las licencias de los VTC y los taxis “es competencia de las ciudades y de las comunidades autónomas”. “Nosotros estamos en la mejor de las disposiciones siempre, pero lo que no podemos es actuar en un ámbito que no nos corresponde”, reiteró. Calvo alentó a estos a solucionar este problema “con sus propios medios”.

Está claro, por tanto, que desde Madrid no se va a tomar ninguna medida que ayude a los gobiernos locales y autonómicos a remediar un problema que se enquista por día y que afecta gravemente a los ciudadanos.

En Sevilla la situación, por ahora, se se mantiene en calma, gracias, en parte a las reuniones que desde el Ayuntamiento se están manteniendo con las distintas asociaciones de taxistas:Unión Sevillana, Solidaridad y Élite. El concejal de Seguridad y Movilidad, Juan Carlos Cabrera, quiere establecer un plazo mínimo previo para contratar un VTC.

El gobierno de Espadas el martes pidió a la Junta de Andalucía (a cuyo gobierno acaba de acceder el PP) que elabore un marco regulador autonómico para este sector, con el fin de unir criterios en la región.