El Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) ha denunciado ante la Fiscalía las presuntas irregularidades detectadas en la adquisición de una partida de material para la Unidad Canina de Rescate (UCR). La denuncia recoge que se encargaron equipos y transportines que no coincidían en nada con los que llegaron, y por los que se pagaron precios hasta tres veces más alto que el valor de mercado de estos objetos.

El precio de la licitación fue de 16.141,70 euros, mientras que el precio de venta al público del material adquirido es de 8.358,36, según los cálculos de los Bomberos. Los denunciantes detectan una serie de "incumplimientos evidentes" de lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas, "lo que indica que no sólo se ha abonado sobreprecio, sino que los materiales servidos resultan ser de muy baja calidad".

Antes de ir a la Fiscalía, el SAB puso estos hechos en conocimiento del Ayuntamiento de Sevilla. El secretario general del sindicato, Manuel Poó Morilla, informó al delegado de Seguridad y Movilidad, Juan Carlos Cabrera, y al director general de Seguridad y Emergencias, Rafael Pérez.

Entre el material adquirido hay ocho transportines plásticos para los perros, que no traen identificación permanente y no vienen personalizados por tallas. Así, hay perros a los que queda grande y otros a los que les quedan pequeños los transportines. Tampoco traen colchones ni cumplen la normativa IATA para poder hacer viajes internacionales en caso de acudir a alguna catástrofe. Por estos ocho transportines se pagaron 1.640,56 euros, cuando en el mercado habrían costado 570,16.

También se encargaron otros dos transportines metálicos y han llegado dos de tela que no tienen nada que ver con lo descrito en el pliego. Igualmente, el Ayuntamiento ha adquirido una correa que no cumple con las dimensiones de ancho y no viene cosida sino trenzada, por lo que no soportaría la tracción del perro.

Se han adquirido 20 mordedores que son de muy baja calidad y arneses de paseo que no se pueden habilitar para el izado en altura. Los cierres no son de seguridad para el izado. Los arneses pesados y ligeros tampoco coinciden con lo que se pidió. Asimismo, se encargaron ocho collares que no han llegado.

El SAB entiende que el Ayuntamiento ha podido incurrir en un delito de prevaricación en esta compra de material.