La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al titular del juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata, que amplíe por otros 18 meses la investigación relacionada con la operación Madeja, que en 2013 desmanteló una trama creada presuntamente por la empresa Fitonovo para el pago de mordidas a funcionarios a cambio de la adjudicación de contratos públicos.

En un escrito presentado en este juzgado de la Audiencia Nacional, el fiscal Daniel Campos recuerda que esta causa tiene por objeto la investigación de una "organización criminal" creada en torno a la empresa Fitonovo y que habría cometido una "amplia gama de delitos relacionados con la corrupción de forma reiterada y en distintos lugares de España".

El Ministerio Público recuerda que esta causa ya fue declarada en su día compleja y se elevó en principio la investigación hasta los 18 meses, plazo que precisamente finaliza hoy, 6 de junio. Según la Fiscalía, en este caso concurren tres de las circunstancias establecidas en el artículo 324.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por cuanto los hechos "se cometen en el seno de una organización criminal, son muy numerosos y se precisa la revisión de la gestión de la compañía Fitonovo y de otras personas jurídicas que participaron en los hechos", de ahí que solicite que se amplíe por otros 18 meses la investigación a contar desde el 6 de junio.

Tras recibir la petición del Ministerio Público, el juez ha concedido un plazo de dos días a las partes personadas para que se pronuncien sobre la posibilidad de prorrogar la instrucción.

De otro lado, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido un informe al juez en el que apunta que, a su juicio, se han practicado "diligencias suficientes para esclarecer los hechos y la participación de los distintos investigados" en relación con la adjudicación de los distintos lotes del macrocontrato 400/2012 del servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla, que ascendía a 48 millones.

La adjudicación de los lotes 2 y 3 de este contrato se investiga en una pieza separada que el juez de la Mata acordó abrir en abril pasado y tras la apertura de esta pieza, el magistrado solicitó a la Guardia Civil que propusiera las diligencias de investigación necesarias para completar las ya realizadas, pero la UCO entiende que las pesquisas han finalizado.

En ese informe, los agentes sostienen que la averiguaciones relativas al macrocontrato estuvieron dirigidas a confirmar "los extremos que se deducían de un audio encontrado en uno de los dispositivos informáticos intervenidos en la sede de Fitonovo", en el que se ponía de manifiesto que esta empresa había resultado adjudicataria de tres lotes del contrato, dos de ellos "de manera encubierta" y se solicitaban por el jefe de Servicio, el investigado Francisco Amores, "ciertas contraprestaciones en relación con dichas adjudicaciones".

Los tres lotes forman parte de un mismo contrato y responden a una actuación que adquiere "a juicio policial pleno sentido abordando los tres lotes en su conjunto y considerando toda la información existente en las presentes diligencias sobre la relación de Fitonovo con el Ayuntamiento de Sevilla".

En el auto dictado el pasado 7 de abril, en el que se incoó esta pieza separada, el juez De la Mata aseguró que Fitonovo creó una infraestructura tanto operativa como contable destinada a obtener contratos públicos irregulares y para ello diseñó una "red de contactos con funcionarios corruptos que le facilitaban dicha contratación".

Fitonovo creó, según el juez, una contabilidad paralela que se "nutría de facturas falsas"

Para llevar a cabo su objetivo, precisaba el instructor, la empresa sevillana creó una "contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa" para, entre otros objetivos, "financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos".

Además, crearon al mismo tiempo una "trama societaria" que, en paralelo a una actividad comercial legal, "se había ocupado de acaparar contratos públicos usando medios ilícitos, causando grave daño al interés público, por cuanto pervirtieron numerosos procedimientos de contratación en detrimento de las arcas públicas, del interés público en una adecuada prestación de los servicios".

Esta forma de operar, concluyó De la Mata, generó un "grave daño al orden socioeconómico al perjudicar a las sociedades que de forma legal pretenden participar en la contratación pública pero que no tienen posibilidad de resultar adjudicatarias al estar en franca desventaja por las prácticas corruptas de la trama".