La Fiscalía de Sevilla ha pedido que los cuatro imputados por la desaparición y el presunto asesinato de Marta del Castillo sean juzgados por un jurado popular, como ya pidió la representación de la familia de la joven. La Fiscalía basa su solicitud en la consideración "indudable" que los delitos de asesinato y ocultación del cuerpo "fueron cometidos para procurar la impunidad del delito de agresión sexual".

Tanto a Miguel Carcaño, como a su hermano Francisco Javier, la novia de este último y Samuel Benítez, se les imputa un presunto delito de asesinato, dos de agresión sexual y "otros" de encubrimiento, según recuerda la Fiscalía, que ha presentado esta petición ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla. Además, subraya que aún está pendiente "el estado de la causa, entre otras diligencias y cuestiones, de perfilar de manera más concreta el grado de participación de todos ellos".

En este sentido, la Fiscalía señaló que el delito de asesinato es competencia del Tribunal de Jurado así como que la atracción competencial del delito o los delitos de encubrimiento que podrían serles imputables a alguno de los acusados "vendría determinado por el apartado segundo del artículo quinto de la Ley orgánica del Tribunal del Jurado (LOTJ), que se refiere al enjuiciamiento por este tribunal de los delitos conexos".

La Fiscalía también señaló que "es indudable que el delito de agresión sexual no es de los relacionados en el artículo primero de la LOTJ, por lo que habría de determinar si la competencia para el conocimiento de dicho ilícito penal podría ser atribuido al Tribunal del Jurado por las reglas de atracción competencial que de los delitos conexos establece el artículo quinto de esta ley".

Ante todo esto, la Fiscalía sevillana estima como "indudable" que el delito de asesinato y ocultación del cuerpo de la víctima "fue cometido por los inculpados con el propósito claro de procurar la impunidad del anterior delito de agresión sexual perpetrado".

Por su parte, y ante esta petición de la Fiscalía, la representación jurídica de Miguel Carcaño, asesino confeso y principal imputado por la muerte de la joven sevillana, ha presentado un escrito en el que se posiciona en contra de que los inculpados, y por lo tanto su cliente, sean enjuiciados por un jurado no profesional.

Mientras, los letrados que representan a Francisco Javier y a su novia han presentado sendos escritos ante el Juzgado que lleva el caso de Marta del Castillo en el que aseguran que no pueden pronunciarse sobre este asunto. Las argumentaciones que expresan estos abogados para no decidirse al respecto es el desconocimiento de las imputaciones que se les hacen a sus clientes.

El juez que investiga la muerte de Marta del Castillo pidió la semana pasada a la fiscalía y a la defensa de las partes implicadas que se pronunciaran sobre si el caso debe ser enjuiciado por un jurado popular o profesional. Esta petición viene precedida por la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 26 de junio, que anuló la condena por el asesinato y violación de dos policías en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y ordenó repetir el juicio ante un jurado popular.

De esta forma, El Supremo hace una nueva interpretación en la que extiende la competencia del jurado popular a los delitos conexos cuando se hayan cometido para perpetrar otros, facilitar su ejecución o procurar su impunidad. Según fuentes judiciales, el asesino confeso podría haber introducido voluntariamente la violación de la víctima para eludir al jurado popular y su sentencia, amparado por el hecho de que el cadáver no haya aparecido.