La Gerencia de Urbanismo ha ordenado la inmediata suspensión del uso de oficina que viene realizándose en el edificio enclavado en el número 15 de la Plaza de San Francisco debido a que carece de licencia, apercibiendo que podrá procederse al precintado. No sólo eso. Los técnicos avisan al promotor que el incumplimiento de la orden dará lugar a la imposición de sucesivas multas coercitivas por periodos mínimos de diez días y cuantía del 10% del valor de las obras ejecutadas (con un mínimo de 600 euros).

En el expediente de la Gerencia se detalla que el incumplimiento de la orden constituye una infracción urbanística calificada como muy grave, y puede dar lugar a la imposición de una sanción con un importe de hasta 120.000 euros. Los técnicos han ordenado a las empresas suministradoras de los servicios públicos y esenciales a que procedan a suspender en un plazo máximo de cinco días el suministro que venían prestando en ese bufete situado frente a la Casa Consistorial. Un último acuerdo detalla que si la legalización instada fuese denegada se podrán adoptar las medidas pertinentes para la reposición de la realidad física alterada a su estado anterior.

Además de ordenar la suspensión del uso de bufete, la Gerencia establece la inmediata suspensión de la publicidad instalada en la fachada del inmueble. Los técnicos realizan el mismo aviso al promotor. El incumplimiento de la orden dará lugar a la imposición de sucesivas multas coercitivas por periodos mínimos de diez días y cuantía del 10% del valor de las obras ejecutadas (con un mínimo de 600 euros).

Este expediente de Urbanismo se aprueba tras una visita de los técnicos al edificio el pasado 13 de septiembre y once meses después de que se ordenase la inmediata paralización de las obras que se vienen realizando al no ajustarse a la declaración responsable sin técnico presentada en las caracolas de la Isla de la Cartuja. Antes de la visita que realizaron los funcionarios de la sección técnica del servicio de licencias e inspección urbanística, constaba en la Gerencia una declaración responsable sin técnico para unos trabajos de revestimiento que consistían en la colocación de suelo, alicatados y enlucido de perlita en las paredes, y en pintar muros y techos. Durante la inspección, detectaron varias actuaciones que exceden del grado de obras autorizadas para un despacho profesional, como la redistribución de los espacios eliminando las divisiones interiores (tipo mamparas de madera) para la ejecución de divisiones de fábrica de ladrillo, así como el desmontaje de la carpintería metálica. El estado de las obras se encontraba en la fase de solados y enlucidos.

Los técnicos paralizaron la obra hace un año por exceder los permisos

Los técnicos de Urbanismo entendieron que estas obras detectadas en la visita no se ajustaban a la declaración responsable sin técnico, ya que se excedían del alcance de los trabajos autorizados en un edificio que cuenta en sus bajos comerciales con una tienda de Inés Rosales. “No se dispone de los datos necesarios que permitan comprobar el ajuste a la legalidad de todos los parámetros urbanísticos regulados por el planeamiento de aplicación, cuestión esta que el promotor deberá acreditar si solicitase la preceptiva licencia. En cualquier caso, y dado que la finca de referencia se encuentra en un sector sin planeamiento de aplicación, deberá atenerse a lo que determine la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, órgano competente en la materia”. La Gerencia estimó que el coste de las obras era de 11.563 euros.

Las medidas necesarias para el restablecimiento de la legalidad urbanística consistían en el requerimiento de un permiso donde se recojan al completo los trabajos en ejecución. El inmueble, que linda con el número 1 de la calle Hernando Colón, cuenta con tres plantas más ático con terraza.