El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, advirtió ayer a Acción Nacionalista Vasca (ANV) que cada vez que no condena un atentado de ETA "está más cerca de su ilegalización".

La ilegalización de ANV y del PCTV no ha dejado de estar presente tras el atentado del sábado en Francia. De hecho, aunque todos los partidos lograron aparcar sus diferencias y suscribieron un comunicado de condena, el secretario general del PP, Ángel Acebes, señaló al término de la reunión que su partido había insistido en la necesidad de ilegalizar a las dos marcas todavía legales de la izquierda abertzale.

"Cada vez que se produce una no condena estamos más cerca de la ilegalización", afirmó ayer el ministro del Interior en declaraciones a la Cadena Ser, en las que también quiso dejar claro que "serán la Fiscalía y la Abogacía del Estado los que lo tendrán que decidir", ya que se trata de "una decisión judicial". En todo caso, Rubalcaba destacó que la Policía y la Guardia Civil trabajan sin descanso y "están investigando permanentemente las relaciones de ANV con la ilegalizada Batasuna". Además aseguró que "si algún día" tienen pruebas suficientes "pasarán segundos antes de que se pongan a disposición de la Audiencia".

"Este trabajo policial también sirve para que la Abogacía y la Fiscalía del Estado propongan la ilegalización", apuntó el ministro del Interior, que señaló que "en este contexto de la ilegalización llamémosla administrativa", el no condenar "es un dato más, aunque "no es el único", tal y como señala la jurisprudencia de la Tribunal Constitucional. Rubalcaba afirmó que "al Gobierno no le va a temblar el pulso" a la hora de instar la ilegalización de ANV, aunque insistió en que hay que tener pruebas suficientes porque "tenemos que llevar razonables evidencias de que estamos ante una conexión inequívoca entre la ilegalizada Batasuna y ANV".

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, calificó de "indecente" la ausencia de condena por parte de ANV al último atentado de ETA y consideró que debe ser "un elemento" que el Poder Judicial debe tomar en cuenta para determinar la posible ilegalización de ese partido. La vicepresidenta aseguró que el Gobierno va a "exigir el cumplimiento estricto de la ley", por lo que "si no hay una condena, es un indicio más".