El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla ha esperado a que el proyecto de ampliación del Metrocentro llegue a sus manos para bloquearlo. Antonio Rodrigo Torrijos (IU) lo hizo anteayer en la reunión de la junta de gobierno donde se suponía que se iba a dar el visto bueno al proyecto técnico de prolongación del tranvía entre el Prado y Santa Justa y a la fase de exposición publica y recogida de alegaciones que tramita la Delegación de Movilidad. Nada más lejos. El portavoz del gobierno local, Emilio Carrillo (PSOE), adujo que faltaban informes de adecuación del arbolado y del carril bici cuando en realidad sucedió que Torrijos había decretado tiempo muerto.

El portavoz de IU explicó ayer a petición de los periodistas este frenazo y las causas que lo motivan, entre ellas, la necesidad de reordenar la circulación rodada privada en los 2,8 kilómetros de itinerario que separan Prado y Santa Justa y asegurar que el alto coste del proyecto "no limite" la ejecución de otros equipamientos e infraestructuras de la ciudad.

Torrijos no lo ve claro. Por eso ha pedido tiempo para que su grupo "sintetice reflexiones" sobre el proyecto pese a que los plazos de tramitación, licitación y obras han sido adelantados ya por el socio mayoritario de gobierno, el PSOE. "Hay prisas porque los tiempos de gobierno son cortos, pero aquí no se puede condicionar la eficiencia a la rapidez porque Sevilla lleva esperando durante décadas una estrategia intermodal; dos o tres semanas de retraso no serán problemas".

Dicho esto, Rodrigo Torrijos abundó en las lagunas que, según él, tiene el proyecto de ampliación. La primera, que "estimula el servicio privado de movilidad" en todo el recorrido de la ampliación al no limitar el tráfico rodado, ya que el proyecto prevé eliminar los aparcamientos en superficie en todo el itinerario pero mantiene los carriles de circulación en ambos sentidos. "No vale la pena gastarse un dinero en un sistema de transporte para que no sea la estrella de la movilidad", se quejó ayer Torrijos, quien apostó por que las calles y avenidas que atraviese el tranvía hacia Santa Justa tengan menos carriles de tráfico y que estas vías fuesen de sentido único. El capitular descartó una peatonalización pura para el todo el trayecto -"sería contraproducente"-, como también la ampliación de los carriles para el tráfico -"se caería en la esquizofrenia"-.

En este sentido, opinó que los viales de tráfico deben estar supeditados al paso del tranvía "porque si no este sistema de transporte no sería nunca rentable".

Sí apostó por solucionar el tráfico de bicicletas -cosa que no se ha hecho en el tramo San Fernando-Avenida de la Constitución- con una carril-bici en paralelo a la plataforma tranviaría, así como también diseñar un proyecto que "reequilibre la masa arbórea de todo el recorrido", quizá para evitar un episodio de tala masiva que caracterizó las obras de la primera fase del Metrocentro. Para Torrijos, el paso de bicicletas es "incuestionable" y los árboles son "intocables".

El otro fleco suelto que preocupa a IU es la financiación del proyecto, un coste que en cuestión de un mes ha pasado de 59 millones de euros a 72 al sumársele la inversión necesaria para la ejecución de un túnel entre Diego Martínez Barrios y San Francisco Javier. Torrijos comentó que existe un compromiso de financiación por parte de la Junta de costear la obra de infraestructura mientras que el Ayuntamiento paga el material móvil, por lo que dijo "confiar" en que esta promesa "se consolide y ceda el dinero suficiente".

Una cuestión más. IU obligará a que se garantice la ejecución "al unísono" de los otros dos pasos soterrados, que cruzarían Eduardo Dato y Luis Montoto, y los ocho parkings rotatorios y para residentes vinculados al itinerario del tranvía, lo que implicará un mayor endeudamiento de las arcas locales, ya que este lote de "obras complementarias" ha sido desgajado del proyecto técnico de ampliación y, por tanto, de la cofinanciación con la Junta de Andalucía.