El teniente de alcalde y portavoz de IU en el Consistorio, Antonio Rodrigo Torrijos, rectificó ayer la posición inicial que la federación había mantenido sobre la instalación de cámaras en el casco histórico y en las zonas comerciales de la ciudad. Y si antes se había mostrado favorable, ahora está cerrada en banda. "Después del debate interno en el seno de IU optamos por la libertad dentro del binomio clásico en el que ésta supone una merma frente a la seguridad", dijo el concejal.

Rodrigo Torrijos insistió en que la rectificación se ha producido "después del debate interno en el seno de IU" y en que "independientemente de cualquier estudio, no colaboraremos ni estaremos a favor de las cámaras en zonas comerciales". El edil recordó incluso que hay sentencias que cuestionan la "pérdida de privacidad en el paseo de los ciudadanos" y que estas cámaras "pueden ser utilizadas para grabar no sólo actos delictivos, sino esa privacidad", y abogó por potenciar otros mecanismos de seguridad.

El también delegado municipal de Infraestructuras para la Sostenibilidad, que hizo estas afirmaciones a preguntas de los periodistas durante la presentación de los nuevos veladores de la Alameda, sólo se mostró dispuesto a aceptarlas si hay algún fallo judicial al respecto que las avale. "Los fallos judiciales están por encima de cualquier cosa", apostilló. Con esto Torrijos se refería a los dos precedentes que existen en Andalucía, cada uno en un sentido. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) autorizó hace unos años el proyecto de videovigilancia del centro de Málaga mientras que rechazó otro plan de este tipo en Granada.

El número uno de IU en el Ayuntamiento de Sevilla tumba así el proyecto que su propia federación abanderó desde que firmara el pacto con el PSOE tras las elecciones municipales de mayo de 2007. El concejal de Economía y Empleo, Jon Ander Sánchez, trabajó en un plan de videovigilancia que se aplicaría en cinco zonas comerciales y doce polígonos industriales. Este edil llegó a comparecer incluso en rueda de prensa con los responsables de la empresa especializada Indra -que implantó el sistema en algunas calles de Madrid- para presentar un estudio de viabilidad que estaría completado antes del verano. Aquello ocurrió en febrero y cinco meses después IU apuesta por enterrar definitivamente un proyecto del que se lleva hablando varios años.

En el estudio de viabilidad estaba previsto que se analizaran los costes del plan, cuya financiación nunca estuvo clara porque el Ayuntamiento pretendía que los comerciantes aportaran fondos y éstos siempre se negaron. También en ese proyecto se habló de las zonas en las que se instalarían las cámaras. Entre ellas había más de una docena de calles del casco histórico -con las vías más comerciales como Tetuán, Cuna, Sierpes y O'Donnell-, el eje Asunción-Los Remedios, la plaza de la Toná y la calle Pedro Romero en el Polígono de San Pablo, el entorno de Luis Montoto y la zona de Marqués de Pickman y la Gran Plaza.

Además, se instalarían cámaras en doce polígonos industriales y parques empresariales, concretamente en el Carretera Amarilla, el Pino, Calonge, Store, Aeropuerto, Chaparrilla, Navisa, El Refugio, San Jerónimo, Su Eminencia, Pineda y Tablada. En total la empresa Indra calculó que podían llegar a instalarse más de 200 cámaras cuya señal sería controlada únicamente por la Policía. Faltaba presentar el proyecto al TSJA para que se pronunciara sobre la legalidad del mismo.