NO ES que sea un drama. Pero las promesas están para ser cumplidas. En caso contrario, mejor no hacerlas. Esta semana la Autoridad Portuaria de Sevilla ha decidido, entre otros asuntos, prorrogar en el tiempo, al menos hasta el año 2043, las concesiones de las que disfrutan desde hace décadas los tres principales clubes deportivos privados de Sevilla, que suelen tener asociadas a sus actividades náuticas toda una serie de programas relacionados con la vida social de sus socios que, como resultado, quedan restringidos al común de los ciudadanos, para los que son territorio vedado. La resolución del Puerto, ajustada a derecho, permitirá que estas instalaciones que hipotecan el acceso general a determinados tramos fluviales de la dársena -la lámina de agua que explica en buena parte la secular historia de la ciudad- continúen en sus enclaves e, incluso, en algunos casos hasta amplíen sus recintos.

paradojas municipales

Parece evidente que los responsables del Mercantil, el Náutico y el Labradores, cada uno con sus peculiaridades, deben de estar contentos: no sólo despejan las dudas que pudiera haber sobre su permaneica en estos estratégicos puntos de la ciudad, sino que podrán -si así lo desean- ampliar sus recintos junto a la Punta del Verde, donde, de forma oficial, se había planteado su progresivo traslado a largo plazo. Lo llamativo del caso no es, sin embargo, la prórroga de sus concesiones -un eslabón más en la larga cadena de excepciones que siguen limitando el uso de las riberas del Guadalquivir-, sino la paradójica postura municipal, ya que es el Ayuntamiento quien, como máxima autoridad urbanística de Sevilla, ha planteado en un sinfín de ocasiones la necesidad de sacar a los clubes de la dársena para poder utilizar los espacios que ocupan con el fin de crear un gran paseo público. Un proyecto antiguo, recogido en múltiples documentos oficiales; el último, el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), del que el gobierno local (PSOE e IU) ha hecho -por desgracia para él- una bandera más en su costumbre de patrimonializar ideológicamente aquello cuanto ve. En dicho texto normativo -página 8 del capítulo VII- se recoge de forma nítida la operación para, a largo plazo, sin prisas pero sin dilaciones superiores a las que ya viene arrastrando la historia reciente, estos sensibles enclaves urbanos sean devueltos a la urbe, entendida ésta como el patrimonio común. De todos.

El texto del Plan General, consciente de que se trata de un asunto sensible -por los componentes sociológicos de dicha propuesta-, plantea respetar las concesiones que vienen disfrutando estas entidades privadas desde hace años -pero nunca ampliarlas- a cambio de que éstas accedan a ceder parte del terreno que administran para empezar a conviertir en accesibles algunos tramos fluviales. Una fórmula intermedia -cabeza de puente para un futuro traslado completo- que los clubes llegaron incluso a aceptar en la negociación que el Ayuntamiento cerró en 2006, pero que, asombrosamente -o quizás no tanto-, se encuentra ahora en suspenso con carácter indefinido.

calle betis

Precisamente la misma situación en la que están otras iniciativas para transformar la dársena fluvial, como la relativa a la calle Betis, donde el Consistorio cuenta con recursos propios, subvenciones europeas y un proyecto hecho en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para expropiar no los negocios existentes, sino exclusivamente aquellos espacios que, según sus propios informes, han sido invadido por éstos sin permiso. Casualmente éste es la única de las distintas iniciativas realizadas junto a la Confederación Hidrográfica que está detenida. De la que los responsables municipales -en especial el alcalde- jamás habla. No es, en todo caso, raro: el Ayuntamiento, en mandatos anteriores, ya incumplió sus propias directrices a este respecto al dar autorización para que se instalasen ciertos negocios -léase el Kiosco de las Flores- en los mejores puntos del cauce fluvial. En aquel momento fue el PP -con Becerril en la Alcaldía- quien auspició dicha fórmula. Socialistas e IU, ahora, vienen a asumir aquella decisión. Pero, teniendo en la mano instrumentos suficientes para reconducir la situación -mediante la negociación con los afectados-, prefieren dejarla estancada. La consolidación de los clubes deportivos -situados desde el Puente de San Telmo hasta Las Delicias- convertirá ya en casi imposible el objetivo de cumplir con la normativa vigente, que sobre el papel todavía defiende la liberación completa de la dársena de su "ocupación particular". Algo tan necesario en una ciudad fluvial, como es Sevilla, como lograr que la playa sea pública en una urbe como Cádiz. El riesgo municipal de incurrir en una majestuosa incoherencia política es, pues, completo. Si no pensaba impulsar este proyecto, bastaba con no haberlo incluido en el PGOU. Al hacerlo y dejarlo en hibernación confirma el temor de los pesimistas: "el Plan General se ejecutará en aquello que suponga dinero. En lo que implique tocar privilegios será más difícil". La pregunta que habría que hacerse es si se puede construir una ciudad mejor sin meterse en determinados problemas.