La junta general de accionistas de Isla Mágica, participada principalmente por Cajasol y Unicaja, se reúne hoy para autorizar el procedimiento de resolución del contrato de explotación del parque temático de Sevilla, donde ya está "todo listo" de cara al acuerdo global que se firmará con la Consejería de Economía y Hacienda para sacar a concurso las participaciones del negocio y reformular la concesión administrativa mediante la que se ocupan suelos de la isla de la Cartuja. La junta general de accionistas se ha convocado con ese único punto del orden del día y una vez que se autorice a la dirección del parque para firmar el acuerdo, previsiblemente se procederá a la firma del convenio con la Junta y se dará luz verde a la convocatoria de un nuevo concurso para hacerse con la propiedad y la gestión del parque, dando así salida al accionariado de las cajas. Fuentes próximas a la negociación explicaron que el adjudicatario de este concurso deberá abonar exactamente 37 millones de euros a los actuales accionistas -entre los que destaca Cajasol, con un 70 por ciento y Unicaja, con un 12 por ciento- por la inversión en activos del parque no amortizados aún, según las cláusulas pactadas para hacer efectiva la rescisión del actual contrato.

El presidente de Isla Mágica, José Luis Galán, ya confirmó al comité de empresa del parque temático de Sevilla la existencia de un principio de acuerdo entre los accionistas y la Consejería de Economía y Hacienda para la reformulación de la concesión administrativa de la que goza la empresa, un consenso que incluye la rebaja del canon a poco más de 200.000 euros pero contempla "condiciones" para la rescisión del actual contrato.

De esta forma, existe un "principio de acuerdo" logrado entre Cajasol, Unicaja y la Junta de Andalucía para replantear la concesión administrativa y la salida de las cajas de ahorro del accionariado del parque temático, que afronta un canon anual de 800.000 euros pese a que no le son de utilidad buena parte de los suelos adscritos a la concesión.

El acuerdo contempla la rebaja de este canon a poco más de 200.000 euros, nunca a una cuantía superior a los 300.000 euros y renovando la vigencia de la concesión hasta 2050. Los actuales accionistas, que ven ahora un documento para la "rescisión" del contrato, recibirían del nuevo comprador entre 30 y 40 millones de euros en concepto de "indemnización" por los activos aportados pero "no amortizados".