Una conducta paradójica o al menos sumamente contradictoria. La Junta de Andalucía retiró en 1996 los menores Iván y Sara a su madre, Carmen Fernández y ahora se ha adherido a la demanda presentada por el abogado Gabriel Velamazán, que representó en su día a la madre biológica, en la que se reclaman tres millones de euros al Ministerio de Justicia por el funcionamiento anormal de esta Administración en el proceso de retirada de los niños y el "tortuoso calvario" que sufrió la madre para tratar de recuperarlos.

El abogado Gabriel Velamazán explicó ayer a los periodistas que la demanda contra el Ministerio de Justicia, que se tramita actualmente en la Audiencia Nacional y está en el trámite de conclusiones sucintas, fue presentada en mayo de 2009 y en julio de ese mismo año, la Administración autonómica -que ostenta la tutela legal de Iván, aunque desde enero el joven ya ha alcanzado la mayoría de edad- presentó una demanda en la que se sumaba a la cantidad reclamada por el abogado, si bien planteaba con carácter subsidiario que la indemnización fuese de 117.320 euros, de acuerdo con los criterios que establece el baremo de la ley del seguro en los casos de accidentes de tráfico.

En su demanda, la Junta reconoce ahora que se han producido unas dilaciones "excesivas" en la tramitación del caso de Carmen Fernández, que a lo largo de once años pleiteando contra la Administración logró hasta 12 resoluciones judiciales favorables a sus intereses: la devolución de los menores, que la Audiencia consideró finalmente imposible de realizar y acordó una indemnización de 1,7 millones para la madre. Este dinero no se le entregó en vida porque la propia Junta de Andalucía recurrió el fallo ante el Tribunal Constitucional, a pesar de que inicialmente aseguró que no recurriría la decisión judicial.

Ahora la Junta considera algo "impropio de un Estado que propugna como uno de sus valores la Justicia y reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva" que se haya producido este retraso en el caso de Carmen Fernández.

La demanda de la Junta admite además la existencia de "un daño efectivo, individualizado y evaluable económicamente provocado a la señora Fernández" y advierte que hay una relación de causalidad entre ese daño y el funcionamiento de la Administración de Justicia. La Junta hace hincapié, como uno de los argumentos para solicitar la indemnización de tres millones de euros, en "la dilación excesiva del procedimiento judicial seguido para la impugnación de las medidas de protección adoptadas en relación con su hijo".

Carmen Fernández falleció el 7 de diciembre de 2007 y tan sólo unos días después, el 21 de enero de 2008, el Tribunal Constitucional desestimó el recurso de ampara que había presentado la Junta y avaló la indemnización de 1,7 millones de euros que acordó la Audiencia de Sevilla por el "tortuoso calvario" que padeció durante todos los años en los que mantuvo una lucha contra la Junta en los tribunales para que le devolvieran a sus hijos Iván y Sara.

El abogado Gabriel Velamazán se ha preguntado, a raíz de la postura de la Administración autonómica, "¿cuándo se rompió el idilio entre la Junta y la Administración de Justicia?", ya que, en su opinión, hay numerosas contradicciones en la actuación de la Junta, que inicialmente se oponía a indemnizar con 1,7 millones de euros a la madre biológica de Iván y Sara y ahora se ha sumado a la reclamación del doble de esta cantidad al Gobierno.

El letrado lamentó una vez más el "descomunal, kafkiano y absurdo laberinto humano y procedimental tejido en torno a este caso". Por último, Velamazán pidió la creación de un turno específico de psicólogos y trabajadores sociales para que apoyen a las personas que se ven inmersas en procesos de protección de menores, con la idea de que haya una efectiva "igualdad de armas" entre los recursos de la Administración que puede declarar la situación de desamparo y las familias de los menores que son objeto de la retirada.