La Consejería de Justicia de la Junta considera que se están cumpliendo los plazos previstos para que la creación del campus judicial de Sevilla, que se ubicará en terrenos de la Autoridad Portuaria, sea una realidad en 2010.

Un portavoz del departamento que dirige María José López explicó ayer que la Administración pretende convocar en marzo, tan pronto como finalicen las elecciones autonómicas, a los operadores jurídicos que constituyeron una comisión de seguimiento del proyecto para presentarles el primer borrador del pliego de condiciones del concurso. Este documento técnico incorpora todos los detalles del campus judicial y constituye uno de los aspectos más importantes para su diseño.

La Consejería tiene previsto además que la comisión, en la que están presentes representantes de la Fiscalía y de la judicatura, puedan realizar una visita a la Ciudad de la Justicia de Barcelona, todavía en construcción, y a la ciudad tecnológica de Telefónica en Madrid. Todo ello con la idea de mostrarles algunos ejemplos de cómo será, a nivel tecnológico y funcional, el futuro complejo judicial que albergará a todos los órganos que actualmente están dispersos en varias sedes .

El proyecto de Ciudad de la Justicia se encuentra, a nivel administrativo, a la espera de la firma de un convenio entre el Ministerio de Fomento con la Administración autonómica y la Autoridad Portuaria para la cesión de los suelos que acogerán el campus tecnológico de la Justicia. El consejo de administración del Puerto de Sevilla aprobó en diciembre pasado el protocolo de colaboración que abre el camino para "estudiar la viabilidad y régimen administrativo" para el desarrollo del proyecto.

Con respecto a la forma de financiar la construcción de la ciudad Judicial, la Junta baraja un contrato de concesión administrativa que incluya tanto la obra como la gestión externa de todos los servicios de mantenimiento del recinto judicial. A cambio, la Administración abonaría un canon fijo anual de unos tres millones de euros y el contrato tendría una validez de entre 35 y 50 años, con lo que el importe final rondaría los 200 millones de euros.

Los tres millones que pagaría la Consejería a la empresa adjudicataria de la construcción y gestión de los servicios es una cifra muy inferior a la que actualmente se destina al pago de los alquileres de las distintas sedes judiciales. La ventaja que supondría además este sistema es que la Junta no tendría que comenzar a pagar hasta que la obra hubiera concluido y el campus esté en marcha.

Justicia sigue manteniendo que las obras de la futura sede judicial pueden iniciarse en la próxima primavera, tal y como se anunció en su día cuando se conoció el cambio de emplazamiento desde la parcela del barrio de los Remedios a los terrenos de la Autoridad Portuaria de Sevilla.