La Consejería de Agricultura y Pesca ha inmovilizado 17.400 kilos de embutidos y otras piezas (jamón, paleta y caña de lomo) que una empresa sevillana tenía a la venta sin cumplir con las normas de calidad establecidas en el Real Decreto 1469/2007 y presentar defectos en el etiquetado.

Entre otras infracciones, se ha comprobado que estos productos no reunían los requisitos exigidos para su comercialización como ibéricos ni en lo que se refiere a su certificación, ni en cuanto a las garantías de trazabilidad, según un comunicado que ha hecho público la Junta de Andalucía.

La Consejería ha detectado además que la empresa comercializaba productos cárnicos de cerdo blanco procedente de Italia bajo la denominación de ibéricos. Sin embargo, fuentes participantes en esto operación que han sido consultadas por este periódico aseguran que los embutidos estaban realizados con cerdos húngaros, ya que el color de su carne es oscura, muy parecida a la ibérica, de ahí que resultara más fácil venderla con tal denominación.

El departamento que ha paralizado la comercialización de este tipo de productos está actualmente evaluando el volumen de carne que ha salido a la venta tras la manipulación de los etiquetados realizados por la empresa. Asimismo, se ha ordenado la destrucción de 1.600 kilos de productos por diferentes incumplimientos sanitarios. Entre las instalaciones que ya han sido precintadas se encuentra una nave del Polígono El Pino perteneciente a un supermercado donde distribuía su mercancía la mayorista que cometía el fraude.

Una vez que los técnicos de la Consejería de Agricultura concluyan las labores de inspección, se enviarán las actas correspondientes a la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca para que se inicie el proceso sancionador.

Por su parte, el portavoz de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, pidió ayer a la Junta que haga públicos los nombres de las empresas sevillana e italiana que comercializaba y era responsable respectivamente de los embutidos inmovilizados. Sánchez ha calificado de "positiva" la intervención pero al ser productos a la venta ha exigido conocer el nombre de las empresas, para que "los consumidores puedan devolverlos".