El mundo al revés. Una familia que habita una VPO de Los Bermejales acumula más de 600 denuncias por desórdenes, acoso y agresiones a sus vecinos, todos ellos residentes de las conocidas 99 viviendas sociales, pero la solución, por extraña que parezca, no pasa por una intervención directa de las administraciones sobre el origen del problema, la familia acosadora. Todo lo contrario, Ayuntamiento y Junta de Andalucía ofrecerán a las familias acosadas realojos en otros pisos de protección oficial propiedad de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), a medida que esta entidad disponga de viviendas libres en otras zonas, dado que los responsables políticos de ambas administraciones dicen estar "atados de manos por ley " para retirar la propiedad a la familia denunciada.

La delegada municipal de Bienestar Social, Ana Gómez (PSOE), dijo ayer que la ley sólo permite retirar una VPO en caso de impago, extremo al que aludirá EPSA ante la Justicia para tratar de solucionar este conflicto vecinal. Gómez consideró que sólo un juez puede decretar el desalojo, y que el Consistorio, mientras tanto, "sólo puede mediar". En este sentido, indicó que la familia que presuntamente acosa al resto de sus vecinos "se niega a colaborar", por lo que las opciones pasan por realojar a los residentes en peor situación -dos familias, una de ellas alojada provisionalmente en casa de familiares y otra que se niega a salir a la calle por temor a las amenazas-.

Alrededor de una veintena de vecinos se concentraron ayer por la mañana a las puertas del Consistorio para exigir el desahucio de la citada vecina, C. C. T., que reside en la Avenida de Grecia y a la que se refieren como "la loca de Los Bermejales". Esta mujer, que resultó adjudicataria de una VPO promovida por EPSA, tiene desde su casa una cámara grabando un patio común y otra la calle.

Los vecinos pretendían ayer entrevistarse con el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, para trasladarle lo que es "vivir con miedo durante "ocho años de calvario" por la actitud de C.C.T. que, según ellos, fue anteriormente desalojada de otras dos zonas de Sevilla por problemas de convivencia con sus vecinos.

"A qué esperan, ¿a que nos mate?", se preguntaba ayer una de las afectadas, María Luisa Reina, que aseguró que lleva nueve meses viviendo con su marido y sus tres hijos en otro domicilio porque cada vez que se acerca a su casa tiene problemas con la mujer. Otro de los vecinos afectados y portavoz del colectivo, José Antonio, tachó de "injusta" la solución de los realojos propuesta por EPSA para los afectados, y dijo "no creer" que las administraciones no puedan hacer nada para expulsar a la familia que origina la tensión en el barrio.

"Al final se va a salir con la suya porque el desahucio es un escándalo y ahora no conviene con las elecciones", apuntó José Antonio, que recordó que ya se han presentado contra ella más de 600 denuncias en ámbitos tales como la Fiscalía, el Ayuntamiento de Sevilla y el Defensor del Pueblo Andaluz, "pero parece que no son capaces de ver de quién es la competencia".