El anuncio de la Consejería de Justicia de que está realizando un estudio para abrir los juzgados andaluces por las tardes puede significar un antes y un después en la prestación del servicio público de Justicia, sobre todo en lo que se refiere a la atención de los ciudadanos y los profesionales. La propuesta de la Junta, aunque todavía en fase de estudio y con un hipotético horizonte de entrada en funcionamiento a finales de 2008, plantea no obstante una serie de interrogantes respecto a los trámites que podrán realizarse en los órganos judiciales por las tardes, dado que la mayoría de las actuaciones judiciales requieren la presencia del juez o el secretario y el cambio de horario sólo afectará en principio a los funcionarios destinados en estos órganos judiciales.

Desde esta perspectiva, la apertura vespertina de los juzgados -se habla de un horario de atención al público y profesionales de cinco a siete o siete y media de la tarde- no permitiría, por ejemplo, la celebración de juicios. Tampoco podría procederse a la notificación de sentencias u otras resoluciones, que precisan la presencia del secretario, ni se podrían hacer otro tipo de requerimientos de pago, por ejemplo, a una persona que ha sido condenada a abonar una multa.

La consejera de Justicia, María José López, que promueve esta iniciativa como una continuación de la emprendida en los registros civiles, donde se ha puesto en práctica con éxito el horario de tarde, ha apuntado que entre los trámites que podrían llegar a realizarse se encuentran la ratificación de escritos, presentación de documentos y declaraciones de ciudadanos que se llevan a cabo en la práctica ante un funcionario habilitado para esta función.

Los funcionarios judiciales también podrían, en su nuevo horario de tarde, y a cambio de una compensación económica que rondaría los 240 euros mensuales brutos -ésta es la cantidad que se ha fijado para los empleados del registro civil que prolongan su jornada laboral-, adelantar los trámites relacionados con el libramiento de oficios en lo que se refiere a gestiones de averiguación del paradero de una persona, su situación patrimonial o cualquier otra información de interés para un caso, aunque estos documentos deban ser luego firmados por el juez y el secretario.

También tendrían cabida en este nuevo horario las tramitaciones de permisos de residencia y procedimientos de adopción, así como todas aquellas funciones relacionadas con la labor de atención e información a los ciudadanos, un aspecto que no es nada banal y que a veces queda en un segundo plano. La intención de la Consejería es agilizar la tramitación de los procedimientos y a la vez que los ciudadanos no se vean limitados al horario matutino, en el que muchas personas no pueden acudir a los juzgados por motivos laborales o profesionales.

Los trámites que se harían por las tardes podrían incluso ampliarse con la aplicación del nuevo diseño de la oficina judicial, que incorpora servicios comunes para atender a varios juzgados y con varios secretarios judiciales. Con el tiempo, uno de estos secretarios, podría incorporarse al horario de tarde, como en una especie de guardia que permitiría dar cobertura a muchos de los trámites que realizan los funcionarios.

Ésta es la verdadera reforma que se vislumbra tras la propuesta de la consejera: la implicación de los jueces y secretarios en la ampliación de su jornada laboral. Aunque la mayoría de los jueces comenta que buena parte de su labor la desarrollan ya por las tardes en sus domicilios -se llevan los pleitos y dictan sentencias-, con esta ampliación del horario podrían recibir una compensación económica extraordinaria, con lo cual tampoco desde la judicatura la medida debería encontrar muchos inconvenientes.

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, está estudiando precisamente la posibilidad de implicar a los jueces en un horario distinto y, en este sentido, el programa electoral que el PSOE presentará a las elecciones de marzo puede que incluya una iniciativa al respecto.

La apertura vespertina de los órganos judiciales estaría dirigida primordialmente a las jurisdicciones Penal, Civil y Contencioso-Administrativo, que son las que sufren en la actualidad los mayores retrasos por el volumen de causas que tienen pendientes de resolver y que en Sevilla ascienden a varias decenas de millares.

La ampliación de la jornada laboral de los funcionarios de Justicia puede ser el germen de un proceso mucho más ambicioso. El siguiente paso quizás pueda ser la apertura de juzgados en agosto, un mes tradicionalmente inhábil para las actuaciones judiciales, salvo las de carácter urgente.