El contrato para redactar la actualización del proyecto de la línea 3 en su tramo norte (Pino Montano-Prado) se adjudica el mes que viene, en junio, con un presupuesto base de 433.183 euros, según el anuncio realizado este miércoles por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta, que ha reactivado las mesas de contratación después de casi dos meses de paralización de la contratación pública a causa del Covid-19. Así pues el Metro de Sevilla es uno de los proyectos que se benefician del levantamiento de las restricciones que ha permitido reactivar la tramitación de contratos.

El plazo de ejecución desde su adjudicación y formalización de contrato es de 10 meses para la actualización del proyecto de este tramo norte. 

Este es el detalle de las estaciones (pinche aquí), que serán todas subterráneas salvo de Pino Montano Norte hasta los talleres y cocheras.

Trazado de la línea 3 del Metro de Sevilla.

Aún queda por sacar a licitación la actualización del tramo sur de la línea 3 del Metro (Prado-Hospital de Valme) y saber si finalmente la Junta optará por hacer superficial el trazado desde la Palmera (en su confluencia con Eritaña) hasta el final del trayecto. Inicialmente la administración andaluza barajaba licitar este último tramo en el primer trimestre de 2020.

La Consejería de Fomento ha recalcado sobre la actualización de ambos tramos de la línea 3 del Metro que es posible que haya cambios respecto al trazado original que se aprobó en 2011, que no descarta que los proyectos cambien.

Otros proyectos que se reactivan

La consejera Marifrán Carazo ha manifestado su satisfacción tras atenderse las demandas del Gobierno andaluz, que había reclamado al mando único la reactivación de los procedimientos de contratación pública por los perjuicios a la actividad económica que acarreaba su suspensión desde la declaración del estado de alarma.

Las primeras mesas convocadas avanzan también en la contratación de el proyecto de ampliación de la carretera A-483 en el tramo de 13 kilómetros comprendido entre Almonte y El Rocío, donde se ha presentado la propuesta de adjudicación. También se darán nuevos pasos administrativos para la elaboración del Plan de transporte metropolitano del Área de Córdoba, la instalación de 68 marquesinas en la red de transportes interurbanos por un importe de medio millón de euros y la ejecución de un inventario de edificios de interés arquitectónico de propiedad pública local en Andalucía.

La consejera ha recordado que sólo la Dirección General de Infraestructuras cuenta actualmente con expedientes de contratación en tramitación por valor de 35 millones de euros. De estos, en los próximos días se retomarán proyectos como la segunda fase de aumento de la capacidad en los accesos al PTA, en Málaga; la finalización de la autovía del Almanzora, en Almería, la rehabilitación del puente de Villa del Río (Córdoba) en la carretera A-3101, la mejora de la movilidad en la rotonda de La Zubia, en Granada, o el nuevo acceso a Alcalá del Valle, en Cádiz.

La reanudación de las mesas de contratación supone, a juicio de Marifrán Carazo, la mejor noticia para relanzar la construcción, "un sector clave para la reconstrucción económica de Andalucía", como así ha reiterado en los diferentes contactos mantenidos en las últimas semanas con representantes del sector. La consejera ha podido conocer de primera mano sus problemas y preocupaciones, además de recoger sus demandas y tratar de darles respuesta.

"El sector de la construcción puede servir de refugio para empleados no cualificados del sector servicios, que es de los más afectados en términos de aumento del desempleo por la pandemia", ha remarcado Marifrán Carazo, que no obvia que se trata de una actividad que representa el 6% del PIB andaluz y genera unos 260.000 puestos de trabajo en la región. En ese sentido, ha resaltado nuevamente la importancia de trabajar en fórmulas de colaboración público-privada como complemento para sacar adelante iniciativas en materia de infraestructuras.

La consejera también ha hecho hincapié en que su departamento se ha volcado desde el primer momento en abordar los daños económicos y sociales del Covid-19. Para ello, la Consejería de Fomento ha acelerado los pagos pendientes de certificaciones de obras, expropiaciones y reclamaciones para dar liquidez a las empresas.