La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla dio luz verde ayer a la propuesta de la Delegación de Urbanismo de conceder la reforma del proyecto básico de ejecución del quiosco conocido como Las Tres Carabelas, situado en los Jardines de Murillo. El adjudicatario de la terraza podrá ahora demoler el edificio para empezar después su construcción, modificando el espacio para adaptarlo a la normativa actual de hostelería y restauración. El portavoz del equipo de gobierno, Francisco Pérez, detalló que estas instalaciones que tienen una superficie de 137 metros cuadrados distribuidos en 54 metros en planta baja y 82 en planta sótano, han podido ser "liberadas tras unos complejísimos trámites".

El Ayuntamiento considera una prioridad esta medida para revitalizar la zona, pues actualmente el edificio presenta un estado de abandono impropio de la estética del entorno y de su ubicación, pues se trata de un recinto que es en la práctica la entrada al casco histórico para muchos turistas y visitantes.

Otras de las medidas que vieron el visto bueno ayer fueron diez contratos para el desarrollo de los talleres socioculturales de los distritos por una cuantía superior a los tres millones de euros, misma cifra que el pasado año. El único distrito que se quedó fuera de la adjudicación fue el de Cerro Amate, cuyos tiempos de ejecución son diferentes al resto.

También se autorizó el desarrollo del proyecto de apoyo a familias con menores o adolescentes afectados por discapacidad, que supone ayudas a entidades sin ánimo de lucro por un valor total de 75.000 euros para la puesta en marcha de acciones que eviten el aislamiento, den atención inmediata, apoyo con cuidadores, eviten la sobrecarga de los padres, o procuren experiencias positivas para los menores fuera del entorno familiar con actividades lúdicas.

Las ayudas cuentan con un importe de un máximo de 15.000 euros por cada proyecto, adelantando el 75% y pudiendo presentar cada entidad uno sólo. Se dirigirán a personas que dispongan de un 33% de discapacidad reconocida o más, así como otros ciudadanos que tengan afectada su capacidad personal pero sin llegar a ese 33%, siempre que existe un informe técnico motivado y de forma excepcional.