La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, consideró ayer que el Ayuntamiento de Sevilla actuó "conforme al protocolo previsto" en el caso de la pareja del Cerro del Águila que el pasado mes de abril afrontaba su desalojo de la vivienda en la que residían estas personas en régimen de alquiler, por la acumulación de impagos.

En una resolución del Defensor del Pueblo Andaluz, el departamento de Maeztu da cuenta de la situación de la pareja de parados que residía en el número 12 de la calle Aurelio de la Viesca, en la barriada del Cerro del Águila, y que el pasado 25 de abril afrontaba su desalojo de la vivienda.

La pareja estaba en paro y uno había sufrido dos ictus en los últimos meses

La Oficina expone que ambos miembros de la pareja carecían de empleo y uno de ellos había sufrido dos ictus en los últimos meses, extremo que había "limitado su movilidad" hasta hacerle necesitar una silla de ruedas.

Esta misma persona tenía reconocida "una prestación de 700 euros que no le ingresaban hasta que no hiciera frente a una deuda de autónomo de unos 9.000 euros", dado que la pareja recibía ayudas "puntuales" de Cáritas y había acudido a los servicios sociales comunitarios y a la Empresa Municipal de Vivienda de Sevilla (Emvisesa), en demanda de respaldo ante su amenaza de desalojo.

El equipo de Maeztu recuerda que después de solicitar información al Ayuntamiento, la Administración local dio cuenta de que sus técnicos ya habían valorado el caso como una posible "situación grave de exclusión social", por lo que se les ofreció a esta pareja "la búsqueda de un nuevo alquiler" y una "ayuda económica".