Mercasevilla esquiva la liquidación. Tras más de cinco horas de reunión, un amago de romper las negociaciones y dos recesos para reformular el contenido del acuerdo, el consejo de administración del mercado mayorista aprobó este jueves por unanimidad la propuesta de convenio en el concurso voluntario que garantiza el pago de 22,3 millones a la constructora Sando por incumplimiento de contrato.

El consejo de administración arrancó con un documento de Mercasa (empresa del Estado propietaria del 49%) que exigía garantías por parte del Ayuntamiento (socio mayoritario) para la devolución de su aportación si Mercasevilla no continúa más allá de mayo de 2021, fecha en la que expirará la concesión administrativa de la que disfruta para gestionar y explotar una lonja que se transformó en sociedad mixta en 1971. El texto fue rechazado por los servicios jurídicos municipales al entender que el magistrado podría tumbar el acuerdo al poner condiciones uno de los dos pagadores de la lonja. La solución fue aportada por el administrador concursal.

Todas las partes terminaron firmando el plan de viabilidad pese a que la presidenta de Mercasevilla, la concejal Carmen Castreño, llegó a amagar con aplicar un convenio alternativo elaborado por el gobierno socialista que sacaba a Mercasa de la sociedad. La sangre no llegó al río. El documento que ha recibido el visto bueno establece una quita del 10% sobre los pagos pendientes a los acreedores, así como el abono de las cuantías pendientes en tres anualidades. El primer desembolso, de un 33% del total, deberá ejecutarse en el plazo máximo de tres meses desde la aceptación del convenio por parte del Juzgado. Los términos del convenio se corresponden estrictamente con la hoja de ruta establecida en el último Pleno extraordinario, aunque para formalizar el acuerdo finalmente se ha consensuado que en el documento suscrito que se le remitirá al Juzgado figura el Ayuntamiento como compromitente y Mercasa como accionista que respalda el convenio. La empresa del Estado entiende que con esta figura jurídica se reserva la posibilidad de exigir al Consistorio la devolución de los 10,3 millones que tiene que pagar para liquidar su parte de la deuda en caso de que Mercasevilla desaparezca dentro de tres años.

Junto a este documento se incorporan tanto un plan de viabilidad como el plan de pago de las distintas anualidades que se deben abonar en varios años, especialmente a Sando como acreedor principal (con una deuda tras las últimas sentencias que asciende a 22,3 millones de euros) sin que se puedan aplicar nuevos intereses. El consejo finalizó con una foto firmando el convenio Castreño y David Martínez, presidente de Mercasa. "El gobierno tiene un objetivo claro y un mandato del Pleno del Ayuntamiento: garantizar la continuidad de este servicio público y resolver cuantas cuestiones sean necesarias para lograrlo", explicó la presidenta de Mercasevilla.

Mercasa entiende que con este acuerdo se garantiza la viabilidad de la sociedad y se allana el camino hacia la concreción de soluciones de futuro para Mercasevilla, "tal y como viene defendiendo en el diálogo abierto que mantiene con el Ayuntamiento. Mercasa reitera su compromiso, no sólo financiero, sino también estratégico para convertir a Mercasevilla en la mejor Merca del siglo XXI, en la confianza de seguir compartiendo este objetivo, cuyo resultado se trasladará a todos los operadores de la cadena alimentaria y al conjunto de los consumidores". El documento también tuvo el voto favorable de los populares. "Con el resultado conseguido en el día de hoy, en el que el PP ha jugado un papel clave, Mercasevilla continuará su actividad, lo que supone la solución a la grave situación en la que se encontraba inmersa la sociedad, en concurso de acreedores", destacó Alberto Díaz, concejal del PP.

Mercasevilla ha evitado su liquidación, ahora toca el turno de despejar su futuro. Unas de las principales aristas que quedan es la compra de las acciones a los mayoristas, que tienen claro que la principal condición que pondrán sobre la mesa de Juan Espadas en unos días para vender el 0,16% de su participación será que todas las empresas que forman parte del mercado mayorista sigan en las instalaciones más allá del 25 de diciembre de 2020, fecha en la que se extinguen los contratos. El servicio jurídico de la Asociación Empresarial de Comerciantes Mayoristas-Asentadores en Frutas, Verduras y Hortalizas de la provincia de Sevilla se encuentra buscando la fórmula jurídica para que entre dentro de la legalidad, ya que Mercasevilla deberá sacar a concurso un procedimiento público para la adjudicación de contratos de alquileres de locales después de que la lonja sea cien por cien pública.

El último encuentro entre el gobierno socialista y los empresarios tuvo lugar antes de la Feria de Abril. El alcalde pidió a los mayoristas que mandaran una propuesta para fijar las condiciones de la venta. Además de garantizar la permanencia de las 180 empresas que trabajan a diario en el mercado de mayoristas, solicitaron una propuesta económica justa. Fuentes de la asociación señalaron que están en juego miles de empleos y millones de euros. El acuerdo al que se llegue con los socialistas deberá obtener el respaldo de la mayoría absoluta de la asociación y el apoyo del resto de unidades alimentarias. En paralelo toca estudiar la posible venta de los terrenos de la lonja.