La oportunidad de sacar rédito político a raíz del desalojo, realojo y desautorización de la medida impregnó ayer las declaraciones de los dirigentes de PSOE, PP e IU. Más allá de las salas de reuniones del Parlamento donde se dirimía una solución política tras el desencuentro entre PSOE e IU, cualquier dirigente político a tiro de micrófono comentó su opinión sobre el asunto y defendió los intereses de su grupo.

Desde el partido de la oposición, el PP-A, su presidente, Juan Manuel Moreno, habló de "la crónica de una muerte anunciada" y consideró un "espectáculo lamentable" lo que está ocurriendo en la Junta. "Si se ha cometido una irregularidad y Díaz le ha quitado nada más y nada menos que las competencias a la consejera" lo que tiene que hacer la presidenta es "cesar fulminantemente" a Cortés y, si eso conlleva inestabilidad en la Junta, "aquí está el PP" para ofrecer su apoyo parlamentario "en materia de empleo y estabilidad" y que Andalucía "salga adelante".

Moreno dijo que ha sonado la hora de "la prueba del algodón" para Díaz, que tiene ante sí todo un reto "para demostrar que es una persona centrada y moderada frente a los radicales de IU, cosa que nada tiene que ver con la realidad". El dirigente popular recordó que todos los gobiernos "bipartitos" en Andalucía -entre los que ha citado los ayuntamientos de Jaén, Córdoba y Sevilla)- han vivido episodios similares de "desgobierno, descontrol y falta de impulso", ya que "esto es lo que pasa cuando no se deja gobernar al partido más votado", que fue el PP en los últimos comicios regionales.

Por su parte, PSOE e IU coincidieron en que el pacto de Gobierno no estaba en peligro. A partir de ahí, cada uno en su posición. El PSOE se agarró a la supuesta ilegalidad de la acción tomada por la Consejería de Fomento y Vivienda que de forma unilateral (ostenta esa competencia) entregó las llaves de viviendas públicas sin pasar por un procedimiento de concurrencia pública con igualdad y legalidad. "Normalidad legal", fue el término usado por la presidenta de la Junta, Susana Díaz. La secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez, confió en un "entendimiento" entre ambas formaciones y expresó el "apoyo" de la Ejecutiva federal a la decisión, "muy puesta en razón", de la presidenta de la Junta de Andalucía, que reside en la obligación de "cumplir con la ley", que sería en opinión de los socialistas y de los dirigentes de la Junta atender al orden de los registros municipales de vivienda creados a raíz de la ley de Vivienda de 2010.

En el otro lado de la mesa, IU, también confió a lo largo de la jornada en llegar a un acuerdo. Su coordinador general de IU, Cayo Lara, subrayó que la decisión está avalada desde el punto de vista jurídico, porque el propio mandato judicial que determina el desalojo dice que se tienen que adoptar medidas urgentes en el caso de que haya exclusión social. "Y eso no espera a las listas de espera", añadió en alusión a las quejas de que hay muchas personas esperando desde hace tiempo una vivienda social.

Lara aseguró sin alusiones concretas que "no hay ninguna crisis", sino un problema de unas personas que "algunos piensan que tenían que dormir debajo de un puente" y otros, como IU, que "tienen que dormir en viviendas siempre que haya viviendas". Lara criticó al PP por sus recursos a las medidas adoptadas por IU y recriminó que el Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el PP, tiene viviendas sin adjudicar.

También el portavoz de IU José Luis Centella aseguró que "cualquier informe jurídico evidencia que no ha habido prevaricación" en la adjudicación de las viviendas públicas.

El PP se convirtió de imprevisto en un aliado del PSOE, ya que en los mismos términos que los socialistas reivindicó la "legalidad". El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, aplaudió la decisión de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y dijo que "va en la dirección del imperio de la ley", que es el que "ampara el funcionamiento de las administraciones". Zoido y Díaz mantuvieron ayer una reunión y en la misma se podría haber anunciado una solución para estos vecinos, pero la decisión tomada en la noche del miércoles por la Consejería de Fomento impidió este anuncio. A continuación de conocerse que IU se saltaba la orden de Presidencia de poner el "contador a cero" y no realojar a estas familias por las dudas jurídicas, la presidenta respondió con la amenaza dada por hecha de retirar las competencias de vivienda protegida a la Consejería, aunque en realidad esa retirada iría más allá de la competencia de realojos.

La patronal andaluza de la construcción, Fadeco, reclamó que la Junta "cumpla la legalidad" a la hora de decidir quien debe ostentar las competencias en materia de vivienda, y exigió al Gobierno andaluz en ese sentido que exista "coordinación" para "evitar que exista inseguridad jurídica".