Inmuebles que no son propiedad del anunciante, arrendamientos sin contrato, pisos sin licencia turística e impago del IVA. Tales circunstancias se han reunido en los tres casos que dio a conocer este jueves el Ayuntamiento de Sevilla en la operación puesta en marcha por la Policía Local para luchar contra el alquiler ilegal en la ciudad. Un fraude que en vísperas de la Semana Santa atañe a los balcones que se alquilan para ver las cofradías. Dicho dispositivo continuará los próximos días y obedece al plan diseñado por el gobierno local para acabar con la competencia desleal en el sector hotelero y de los apartamentos turísticos.

Primero fueron los veladores. Ahora, el alquiler turístico ilegal. El gobierno de Espadas no está dispuesto a pasar por alto el mercado negro en el hospedaje sevillano. Un propósito anunciado desde hace tiempo y del que quiere hacer gala en la primera de las Fiestas de Primavera. A cuatro días del Domingo de Ramos, se dio a conocer el operativo policial que se ha saldado con la intervención de los agentes locales en tres casos de arrendamiento al margen de la ley en el casco antiguo.

Los indicios para detectarlos se encontraron en internet y la cartelería que anuncia los alquileres de los balcones. El primero de ellos condujo a la Policía Local a la calle Conde de Barajas. Los anunciantes solicitaban 1.500 euros por arrendar un piso con balcón desde el Domingo de Ramos al Sábado Santo.

La calle Conde de Barajas, donde la Policía Local ha denunciado uno de los alquileres fraudulentos.

Los agentes se personaron en él como interesados por dicho alquiler. Allí pudieron inspeccionarlo. Los anunciantes eran dos jóvenes estudiantes. Al ser interrogados, declararon que el inmueble era propiedad de su tía. Cuando les fue solicitada una documentación que lo demostrara, no aportaron nada al respecto, por lo que fueron denunciados. Luego reconocieron que pretendían ganar dinero con esta operación fraudulenta.

El segundo caso se produjo en la calle Cuna, en un local dedicado a coworking (trabajo en común). Sus ofertantes pedían 3.000 euros por hacer uso de su balcón y de los espacios interiores, donde los inquilinos podían comer, aunque no pernoctar. Además, para hacer uso de él, los anunciantes tendrían que estar en todo momento en el edificio. El arrendamiento, por tanto, concernía a una zona de 40 metros cuadrados, separada del resto del local por unos cristales, con un pequeño aseo y acceso a una cocina de uso común con quienes trabajaban en los departamentos de la oficina. El único mobiliario del que disponía era un sillón. Estaba claro, por tanto, que el alto precio del alquiler se debía al privilegiado balcón de una calle por la que transita un elevado número de cofradías durante la Semana Santa.

El tercer fraude se detectó en la calle Jesús del Gran Poder. Guarda bastante similitud con el primero. En este caso se trataba de un apartamento de una sola habitación y sin cama. Su anunciante aseguró al agente que acudió como interesado que la llevarían en pocos días. Sólo disponía de un sofá cama en un pequeño salón. Al ser interrogado por la propiedad del piso, contestó que pertenecía a la madre de su "socio", sin que presentara ningún documento que acreditara dicha argumentación.

En los tres casos los anunciantes ofrecían la posibilidad de pagar el alquiler sin IVA. Además, ninguno de los tres inmuebles poseía el certificado turístico que permite esta actividad. Ambas carencias suponen una competencia desleal para los establecimientos hoteleros con licencia, que han de pagar todos los impuestos reglados para su funcionamiento, lo que les obliga a ofertar unos precios que siempre serán más alto que los que anuncian los clandestinos.

A principios de año se daba a conocer que en Sevilla capital la oferta que no está reglada la componen 18.000 camas, una cifra muy tentadora para aquellos visitantes que acuden a la ciudad con la intención de conocerla con el máximo ahorro.

Por tal motivo, el grupo municipal socialista logró sacar adelante en el Pleno del pasado viernes una batería de medidas con las que luchar contra este fraude. Una de ellas atañe al bolsillo de quienes usan su vivienda particular con fines turísticos sin estar dada de alta para ello. Con tal fin, se ha pedido al Fisco local que estudie la fórmula necesaria para que se le grave un Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) más alto que a los demás.

Otra medida aprobada en el Pleno es la de limitar por barrios el uso de pisos como alojamientos turísticos. Un coeficiente que ya se emplea en otras ciudades españolas.

En este punto conviene recordar que el pasado mes de mayo entró en vigor un decreto de la Junta de Andalucía para regular las viviendas que operan como tal. El fin no es otro que el de evitar la clandestinidad y ofrecer una garantía tanto a los propietarios como a los inquilinos de los inmuebles. Desde entonces y hasta noviembre -último dato que se posee- han presentado su declaración ante la administración autonómica 1.620 propietarios. De ellos, más de 1.400 operaban como apartamentos turísticos legalizados a finales del año pasado.